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Gerardo Hernández
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23 Octubre 2019 04:04:00
Libertinaje
El torbellino de la 4T ya sacudió al Congreso, donde las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se aprueban casi por fast track; a intocables de la cohabitación PRI-PAN como el empresario Alonso Ancira (AHMSA), el litigante Juan Collado, la exsecretaria de Estado Rosario Robles, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, y el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps. Asimismo, ha puesto bajo los reflectores a figuras políticas (Yeid-ckol Polevnsky y Diego Fernández) y del espectáculo (Juan Gabriel y Angélica Rivera), a consorcios, medios de comunicación y clubes de futbol que recibieron condonaciones fiscales por 400 mil millones de pesos en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto.

Los efectos se han sentido también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la atropellada renuncia de Eduardo Medina Mora. El ministro colgó la toga en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda le detectó transferencias a bancos de Estados Unidos y Reino Unido donde había sido embajador. Medina evitó la ignominia de Ernesto Díaz Infante, destituido en 1988 por haber recibido medio millón de dólares para liberar al empresario Alejandro Braun Díaz, sentenciado por la violación y el asesinato de una niña.

Aficionado al beisbol, AMLO ya ha anunciado, como Babe Ruth, la dirección de su próximo batazo: los estados, donde los gobernadores pasaron de subordinados del Presidente a señores de horca y cuchillo, a partir de la alternancia. La inseguridad, la violencia, el nepotismo, la corrupción y el endeudamiento son polvos de aquellos lodos. Libres del yugo presidencial, los sátrapas abandonaron sus responsabilidades para dedicarse a improvisar fortunas, decidir sus propias sucesiones e incluso pactar con la delincuencia organizada.

AMLO se jacta de haber separado ya al poder político del económico. “El gobierno –dijo en su toma de posesión– ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el Gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz”. A escala federal las primeras detenciones relevantes, las investigaciones en curso y la posibilidad de enjuiciar a un expresidente (Peña Nieto) por delitos de corrupción, representan avances plausibles. Sin embargo, en los estados el statu quo permanece inalterable: la cúpula empresarial cogobierna, nombra funcionarios, financia campañas y cobra favores. En ese juego, algunos medios de comunicación, con intereses políticos, también son contratistas del Gobierno. Negocio redondo.

Dejar sueltos a los gobernadores, como lo hicieron Fox, Calderón y Peña –el primero por comodidad, el segundo por falta de autoridad y el tercero por complicidad– arrojará los mismos resultados e incluso más graves: crisis como la de Culiacán, mayor violencia, corrupción disfrazada y un país al garete donde la impunidad alcanza tasas del 99%, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin orden en las entidades federativas será imposible recuperar la paz y el control de la República. AMLO tiene los instrumentos políticos (Congreso, Fiscalía General de la República y Hacienda) para corregir los vicios y distorsiones acumulados en 18 años de libertinaje en los estados donde la división de poderes es inexistente y la mayoría de los organismos autónomos son tan reales como las empresas fantasma.
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