×
Luis Carlos Plata
Luis Carlos Plata
ver +
Luis Carlos Plata (Saltillo, 1984) es abogado (UAdeC), maestro (UPF, Barcelona) y candidato a doctor (URV, Tarragona), pero practica el periodismo desde hace 17 años, y su trabajo de investigación le ha merecido premios estatales e internacionales. Ha sido articulista de catorcenarios, revistas y periódicos del norte del país desde 2002, además de fungir como director editorial de medios de comunicación en Veracruz.

" Comentar Imprimir
08 Diciembre 2019 04:09:00
Los $12.7 millones que ‘necesitan’ para contar 25 dedos
Escuchar Nota
Pasó desapercibido, como casi todo lo que sucede en el Congreso del Estado. Pero el 22 de agosto el Poder Legislativo de Coahuila consumó la ‘licitación’ de un “sistema electrónico de registro de asistencia y votación” que estrenó con fallas tres meses después, el pasado 29 de noviembre, y costó 12 millones 737 mil 197 pesos.

Y aquí viene lo interesante: tecnología similar, adquirida con el mismo proveedor, Audio Video & Control, S.A. de C.V., en 2007, había costado 3 millones 663 mil 380 pesos entonces, ya con IVA incluido. En 2019, sin embargo, los legisladores pagaron 350% de más por el mismo servicio, lo cual significa un sobreprecio de 9 millones 73 mil 817 pesos.

Consultado al respecto por quien esto escribe, un distribuidor especializado de Nuevo León cotizó en 3.5 millones de pesos los requerimientos establecidos en las bases de la convocatoria 018 expedida por el Congreso, identificada con el folio CE-905002984-E24-2019, que da pie a esta columna. Misma conclusión: se fueron 9 millones arriba.

Cabe recordar que Marcelo Torres Cofiño, diputado panista y presidente de la Junta de Gobierno en el segundo año de la Legislatura, es el responsable de la Oficialía Mayor (a cargo de Rafael Delgado Hernández) y la Tesorería (cuyo titular es Fernando Oyervides Thomas), órganos administrativos encargados de la compra en 2019.

Y también es pertinente señalar un par de premisas antes de avanzar. En primer lugar que la tecnología, como producto del mercado, al evolucionar se abarata. No se justifica, por tanto, el exponencial aumento de precio en el factor modernidad. Segundo, para dimensionar el asunto: hablamos de 25 diputados locales como usuarios, no 500 como los federales en San Lázaro. Es decir, contar 25 dedos –si acaso acuden todos a sesión, ya que regularmente hay faltas– no es lo mismo que 500. No requiere ciencia ni sofisticadas técnicas, pues.
Finalmente otro dato a tomar en cuenta: en 2007 había 31 diputados locales. En 2019, gracias a la redistritación y reforma electoral, hay seis menos, lo cual debería representar necesariamente menor gasto.

En 2007, Audio Video & Control, S.A. de C.V. domiciliada en Polanco, Ciudad de México, y representada por Marco Antonio Castellanos Matadamás, vendió al Congreso del Estado un “sistema parlamentario de asistencia y votación electrónica” que incorporaba video, audio, grabación y automatización.

Además amplió el ancho de banda en el edificio, suministró equipos de cómputo, cámaras robóticas y pantallas de plasma, incluyendo cableado e instalación, adecuaciones y remodelación de espacios (como un cuarto frío y áreas para mantenimiento). Todo lo anterior, se ha dicho ya, costó 3 millones 663 mil 380 pesos.

Doce años después de nueva cuenta fue contratado Audio Video & Control, S.A. de C.V. al presentarse como único participante a la licitación, y realizó un trabajo equivalente –con la natural evolución de las telecomunicaciones y especificaciones técnicas– por un monto de 12 millones 737 mil 197 pesos.

Como consta en el oficio CEC/T2019/121 del 10 de julio, el tesorero del Congreso afirmó que “el costo de dicho proyecto” se encontraba “debidamente cubierto con un techo financiero” hasta por 13 millones 545 mil pesos, según el capítulo 5000 del presupuesto 2019 (bienes muebles, inmuebles e intangibles), y solicitó apoyo a la Secretaría de Finanzas un mes antes de iniciar el único proceso de licitación en lo que va de 2019 (el gasto público restante han sido adjudicaciones directas). Dicho de otra manera: ya tenía el negocio con fondos estatales preparado, solo faltaba darle forma.

En su defensa dirán que si la inversión de 2007 sirvió para cuatro legislaturas (o sea 12 años), no quiere decir que cada periodo tenga que renovarse, con lo cual se amortizará el precio. De acuerdo, aunque hay un detalle: solo una Legislatura es la que hace negocio. En este caso la actual. Ahí el quid de la cuestión.

Cortita y al pie
Por lo demás, se trata de una Legislatura esencialmente dividida. Con 12 curules canteadas hacia un lado y 13 inclinadas hacia el otro. Donde su afinidad política lo es todo y pesa más que lo votado. Por ello se sabe de antemano qué postura van a tomar los 25 diputados locales con solo saber de dónde proviene la iniciativa, sin entrar al fondo de los temas.

Así quedan reducidos a oficialía de partes, por un lado, y a legisladores de talante prohibicionista cuando se ponen creativos (pues cualquier propuesta propia, sin importar el grupo parlamentario del que surja, tiende a restringir actividades en Coahuila o aumentar las penas por regla general). Son tan predecibles que no hay sorpresas ni las habrá durante el tercer y último año de la Legislatura.

La última y nos vamos
Los diputados vacacionaron 15 días en el marco del Buen Fin para dar espacio a la instalación del equipo en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo y, en la primera donde se usaría, el 29 de noviembre, este fallo.

A escasos 23 días de concluir el segundo periodo ordinario de 2019, año donde Marcelo Torres Cofiño presidió la Junta de Gobierno (el primero para un partido distinto al PRI en la historia contemporánea de la entidad), su labor deja un legado: facturar 9 millones de pesos de más en la única licitación que pasó por sus manos. Y no, no es la inflación el motivo, sino la corrupción.
Imprimir
COMENTARIOS