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Silvia Guadalupe Garza Galván
Silvia Guadalupe Garza Galván
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Diputada Federal, Silvia Guadalupe Garza Galván
Partido Acción Nacional
Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro honorario del Colegio de Biólogos de México. A nivel local ha ejercido diversos cargos, entre ellos el de Directora de Ecología, Parques y Jardines y Fomento Agropecuario del Municipio de Monclova, Coahuila (1997-1999), su ciudad natal. Asimismo, fue Delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (2008-2011) en Coahuila, en donde sus principales acciones se concentraron en controlar la tala forestal clandestina en las sierras de Coahuila; conservar las Áreas Naturales Protegidas así como la fauna endémica y exótica; inspeccionar y sancionar a las industrias; verificar los residuos peligrosos y especiales y hacer un inventario de los pasivos ambientales del Estado. Inició su trayectoria legislativa en el H. Congreso de Coahuila de Zaragoza, fungiendo como Diputada en la LVII Legislatura (2006–2009), en cuya oportunidad participó en las Comisiones de Medio Ambiente, Equidad de Género, Energía y Minas y presidió la Comisión del Agua. Como resultado de su actividad legislativa se impulsó una nueva Ley del Agua, la Ley de Protección a la Maternidad, así como reformas a diversos artículos del Código Penal. A nivel federal se desempeñó como Miembro del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable-Región Noreste y Región Centro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2003-2004), y ocupó el cargo de Senadora de la República en las LXII y LXIII Legislaturas (2012-2018), siendo la primera Senadora en la historia de Coahuila en haber sido electa por el principio de mayoría. En tal carácter se desempeñó como Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y Secretaria de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, así como de Derechos Humanos, colaborando como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y del Parlamento Latinoamericano en las Comisiones de Medio Ambiente y Turismo. Asimismo, ha sido Consejera Nacional del Partido Acción Nacional, Miembro de la Comisión Permanente de su Comité Ejecutivo Nacional, así como Coordinadora Nacional de Desarrollo Sustentable, y Coordinadora de Medio Ambiente de la Coalición Por México al Frente. Actualmente es Diputada Federal en la LXIV Legislatura, responsabilidad desde la que continúa trabajando por el bienestar de las y los mexicanos. Dirección: Cámara de Diputados, Oficina 64, Edificio H, Piso 2, Avenida Congreso de la Unión 66, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México, 50-36-00-00, ext. 59866. Página web: https://silviagarza.com.mx/ Correo: [email protected] Facebook: Silvia Garza Diputada, Twitter: @Silvia_Diputada, Instagram: @Silvia_Diputada

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03 Marzo 2019 04:00:00
Los costos ocultos de cancelar el aeropuerto
El tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), debe continuar analizándose por su importancia para el desarrollo del país, cuya posición en la economía mundial le exige poseer vías de comunicación modernas y eficaces. Por ello, traigo de nuevo a colación el tema porque no puedo dejar pasar el desperdicio de recursos financieros, es decir todo el dinero que ya se gastó y que en los próximos años se va a gastar en perjuicio de las y los mexicanos.

Se ha dicho que el NAIM es una herencia de Peña Nieto. Esto no es así. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes posee estudios de hace más de 20 años en donde se determinaba con bastante precisión la necesidad de ubicar este importantísimo proyecto de infraestructura en Texcoco.

El expresidente Fox sufrió un revés por la intransigencia de dirigentes priistas que le boicotearon el proyecto ahí, en Texcoco, luego con Calderón la crisis del 2008 dejó el tema para mejores tiempos.

Peña Nieto retomó un proyecto que pretendía dotar a la Ciudad de México de un nuevo aeropuerto con tres pistas que brindara servicio a más de 70 millones de pasajeros iniciales, 130 millones en una segunda etapa con tres pistas adicionales. Todo está cancelado simplemente por cumplir con el capricho del Presidente de que el aeropuerto se instale en otro sitio.

Y el gobierno entrante se movió con toda rapidez para pagar en efectivo y casi con un cheque, los recursos que se habían ya invertido (y que ahora se puede considerar desperdiciados) en un proyecto que es emblemático de la situación lamentable que hay en el país.

Lamentable porque por un lado se despide a empleados federales a los que se engañó con aquello de “liquidaremos los mandos superiores”, y por otro se ha extendido un cheque innecesario por 34 mil 027 millones 215 mil 625.99 pesos para cumplir con el deseo del Presidente. Innecesario porque el proyecto de Texcoco era rentable y porque ahora hay que empezar a estimar lo que nos va a costar el que sí es inviable, el de Santa Lucía.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) indicó que “…hoy 28 de febrero de 2019 a través de S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (Indeval), se finiquitó la Fibra E, con un pago de 34 mil 027 millones 215 mil 625.99 pesos, este monto (…) representa la cantidad inicial invertida más el rendimiento objetivo del 10 por ciento en términos reales”. O sea, se liquidó todo, incluida la ganancia que se iba a tener.


Y el Gobierno anunció esta semana que “la operación no requirió ningún recurso público. Esta se realizó a través del Instituto para el Depósito de Valores (Indeval)”.

No nos engañemos. Esta decisión es fatal para México por las siguientes razones:

1) El costo financiero, puesto que se está cancelando anticipadamente una deuda con un pago de 10% de utilidad en términos reales en una obra que no ha generado un centavo de recursos.

2) El viciado proceso de operación del proyecto, que dejó evidencia de la total incapacidad de México para operar mega proyectos de esta naturaleza. Error cancelar el proyecto, pero error también la adjudicación directa de contratos que en muchos casos no se hicieron con la debida transparencia, todo apenas iniciando el proyecto.

3) El daño patrimonial a largo plazo. Santa Lucía va a garantizar a los principales aeropuertos del sur de Estados Unidos las rentables rutas entre Sudamérica y Europa, pues las condiciones técnicas del aeropuerto que nos van a dejar no permitirán el uso de aeronaves de rutas largas. Somos ahora un país que no cumple contratos, que no se sabe organizar y que no puede dar continuidad a proyectos de alta rentabilidad.

4) Recordemos ahora esta frase de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: “vamos a usar los materiales de Texcoco”, lo cual no sólo es inviable sino altamente costoso. Al error de cancelar una obra se va a sumar el desarrollo de una nueva en Santa Lucía con empresas locales que poseen poca experiencia en este tipo de proyectos.

5) A ello se suma que existe incertidumbre respecto al uso que tendrán los terrenos en donde se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco. Si bien en fechas recientes el Presidente anunció que el Gobierno federal cuenta con el presupuesto suficiente para rehabilitar esta área, misma que podría destinarse a un uso público, ecológico y deportivo, no se cuenta aún con detalles sobre en qué consistiría dicha rehabilitación.

Es claro que todo lo anterior va a costar una fortuna, tanto en recursos financieros como en deudas a mediano y largo plazo, a lo cual hay que añadir inversiones canceladas y un diseño aeroportuario que finalmente no servirá. Así está el país y apenas empieza el nuevo gobierno. ¿En verdad este es el futuro que merecemos?



Nos leemos la próxima semana. ¡Muchas gracias!
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