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Miguel Badillo
Miguel Badillo
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15 Marzo 2010 03:00:19
Malestar en las Fuerzas Armadas
La presencia del crimen organizado está cambiando a esta institución

En las filas del Ejército, al menos entre los mandos superiores, una preocupación ronda el ambiente, más allá del desarrollo, las bajas y las amenazas de la guerra intestina que se vive. La presencia del crimen organizado está cambiando a esta institución que comienza a preguntarse si el gobierno de Felipe Calderón da los pasos correctos para apoyar su presencia en poblaciones y comunidades, y al mismo tiempo enfrentar en las calles a grupos delincuenciales y hacerse cargo de abatir el tráfico de drogas.

Más allá de las modificaciones a leyes y hasta a la propia Constitución que respalde al Ejército en cada paso que da en la contienda contra las organizaciones de narcotraficantes, los acuerdos extralegales comienzan a inquietar a los miembros de las fuerzas armadas, quienes en privado cuestionan duramente las decisiones que se toman en Los Pinos y la estrategia hasta ahora fallida para contener al crimen organizado y disminuir la producción, transportación, venta y consumo de estupefacientes en el país. También apuntan hacia un secretario de Estado que, aseguran, tiene vínculos con bandas del narcotráfico y mucho dinero guardado en bancos europeos.

Pero las instrucciones son directas desde la casa presidencial, aunque contradictorias. Algunos legisladores, con el legítimo argumento de proteger los derechos humanos de la población civil, comienzan a pedir que las fuerzas armadas salgan de esta lucha que parece no tener fin, mientras que los principales cárteles de la droga –como se lo dimos a conocer la semana pasada– aseguran que están llegando a un acuerdo con el gobierno federal para reorganizar el negocio y sacar del problema a grupos de sicarios. Este parece ser el peor de los escenarios, en donde el gobierno de Felipe Calderón va perdiendo la guerra y su imagen anda por los suelos, mientras que los grupos delincuenciales cada día se fortalecen más.

Las fuerzas armadas, ha dicho el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, seguirán supeditadas a las decisiones del Poder Ejecutivo. Ha reconocido, también, a Felipe Calderón como el máximo jefe de los grupos castrenses en el país. El problema, sin embargo, podría presentarse en el momento en que estos grupos se sintieran traicionados por el propio Poder Ejecutivo cuando tengan que asumir toda la carga social por la violencia que diariamente ocurre en todo el país, cuando lo único que hacen es cumplir el papel de policías a que los obligan desde Los Pinos, sin que estén capacitados para ello y esto ocasiona múltiples violaciones a los derechos humanos.

El Gobierno federal, además, para evitar que el Estado fallido también involucre la relación con el Ejército, debería revisar las estrategias de comunicación en la guerra contra el narcotráfico. Hasta ahora, es un hecho que no se ha presentado una revisión integral de la situación que viven los jefes de las zonas militares, que lo mismo tienen que enfrentarse a la prensa local que hacerse cargo de la relación con la población civil, sin que las áreas de comunicación del Gobierno federal hagan algo para ayudar.

Por ello, el resultado ha sido desalentador y entre la opinión pública permean e influyen los casos de violaciones a los derechos humanos que involucran al Ejército. Está fallando, por lo tanto, el blindaje en materia de imagen e información que los expertos del Gobierno federal deberían planear para el Ejército. Simplemente no hay estrategia de comunicación desde Los Pinos y dejan a los generales que además de planear la lucha contra el crimen organizado, se conviertan en jefes de prensa del Ejército

Mientras las fuerzas armadas navegan en ese peligroso fango de graves acusaciones a los derechos humanos, el gobierno de Felipe Calderón sólo piensa en cómo aprovechar esta etapa de la guerra contra el narcotráfico como una divisa política de su administración con miras a las próximas elecciones y, sobre todo, de su partido que está sumido en una profunda crisis.

Es cierto, Calderón declaró la guerra, al menos así lo dijo ante los micrófonos y las cámaras de los medios de comunicación, pero ha sido el Ejército el que se ha hecho cargo del trabajo y de todos los costos de estas decisiones presidenciales, pues ni la Procuraduría General de la República, ni el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ni la Secretaría de Hacienda en lo que corresponde a combatir el lavado de dinero o la Secretaría de Seguridad Pública, han cumplido con su responsabilidad para la cual utilizan miles de millones de pesos del presupuesto público.

Por eso en el Ejército los oficiales se preguntan en qué momento el gobierno de Felipe Calderón dará un golpe de timón en su guerra contra el narcotráfico. No sólo se refieren a las urgentes modificaciones legales –que necesitarían el apoyo comprometido de los políticos en el Congreso– sino a los mensajes que envía el Gobierno federal a la población civil y en donde el Ejército, por lo problemas inherentes a esta confrontación armada, está quedando desprotegido, al menos frente a la población víctima de esta guerra.

Es claro que las organizaciones de narcotraficantes utilizan como estrategia enviar mensajes a la población, en donde establecen su control territorial de varias zonas del país, lo que les autoriza para pedir tranquilidad a la población y proponer pactos de no agresión –“siempre y cuando no salgan de sus casas”– mientras ellos limpian las calles y será entonces cuando la guerra se termine.

En esta etapa, la prensa también se ha visto vulnerada y en los últimos días medios de comunicación de Estados Unidos y Europa han dado cuenta de las amenazas que rodean a los periodistas que cubren la guerra fallida de Calderón. Los secuestros y las amenazas no son gratuitos y la prensa tampoco tiene alternativas. Es por esta razón que el gobierno de Calderón necesita realizar un corte de caja y analizar cuidadosamente los escenarios para no ver reducido el apoyo de las entidades capaces de enfrentar a este flagelo. Sin embargo, preocupa que en las últimas semanas, mientras aumenta la información de diferentes fuentes –incluyendo al crimen organizado-, el Gobierno federal está más preocupado por los escándalos políticos y partidistas, en donde también pierde de todas, todas.
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