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Columnista Político

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05 Septiembre 2010 04:06:06
‘Michoacanazo’, puro golpe mediático
A 15 meses de la irrupción escandalosa que el Gobierno federal realizó en Michoacán, para detener y exhibir mediáticamente a 32 servidores públicos acusados de tener vínculos con el crimen organizado, el caso es ahora un claro ejemplo de la ineficacia judicial que existe en México.

También es muestra de los abusos que se pueden cometer desde el poder, en un régimen que en teoría procura valores democráticos como la justicia y la libertad.

La situación además evidencia que a los actuales gobernantes no les tiembla la mano cuando se trata de aprovechar la fuerza policiaca y militar que tienen para amedrentar políticamente a sus opositores.

Y es que de los 32 servidores públicos michoacanos detenidos en la redada que la Policía Federal y el Ejército Mexicano realizaron el 29 de mayo de 2009, sólo 10 siguen en prisión.

A lo largo de este tiempo, los demás acusados han quedado en libertad por falta de pruebas, lo cual sugiere dos cosas: que la Procuraduría General de la República (PGR) no fue capaz de encontrar los elementos probatorios por falta de capacidad de sus investigadores o de plano que los liberados no tenían culpa.

PRIMERA LLAMADA… PRIMERA:

El pasado viernes, el Presidente Municipal del puerto marítimo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Mariano Ortega Sánchez, quedó en libertad luego de permanecer 455 días en prisión.

El Alcalde, que milita en el Partido de la Revolución Democrática, era el último edil encarcelado con motivo del “Michoacanazo”, operativo que el Gobierno federal realizó para detener a servidores públicos municipales y estatales, a quienes acusó de proteger a delincuentes.

En las dos últimas semanas fueron excarcelados otros funcionarios, como Lorenzo Rosales, quien fungía como agente del Ministerio Público de la Federación.

También recuperaron la libertad Jairo Germán Rivas Páramo, Alcalde de Arteaga; Israel Tentory García, quien era asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural; Victorino Jacobo Pérez, jefe de la Policía Preventiva en Arteaga, y el abogado litigante José Lino Zamora.

Otros ex servidores públicos a los que no se les comprobó delito son los ex alcaldes de Uruapan, el panista Antonio González Rodríguez; de Apatzingán, Genaro Guízar Valencia; de Buenavista, Osvaldo Esquivel Lucatero; de Ciudad Hidalgo, el panista José Luis Ávila Franco, y de Tepalcatepec, Uriel Farías Álvarez; el priísta Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, Alcalde de Zitácuaro; Audel Méndez Chávez, de Coahuayana, y Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío. Estos dos últimos alcaldes fueron detenidos por el Ejército Mexicano durante sendos eventos públicos donde inauguraban obras.

SEGUNDA LLAMADA… SEGUNDA:

También fueron detenidos el director del Instituto de Formación Policial, Mario Bautista, quien antes se desempeñó como secretario de Seguridad Pública estatal; el director del Sistema Estatal de Financiamiento Industrial, Ricardo Rubí Bustamante, y el jefe de agentes de la Dirección de Gobernación de la entidad, Juan Gaona Gómez.

Abel Salazar Gómez, ex síndico del municipio de Lázaro Cárdenas; Dionicio Salvador Valencia Palomares, director de Obras Públicas de Arteaga; Jaime Liera Álvarez, ex subprocurador de Justicia estatal, y Roberto Rubio Vázquez, jefe de la Policía Municipal de Tumbiscatío.

La lista siguió con los policías ministeriales Irlanda Sánchez Román, Gabriela Mata Chávez, José Lino Zamora Hernández, Noé Medina Martínez y Faraón Martínez Molina.

A lo largo de este tiempo ocurrieron situaciones como el aborto que tuvo Citlalli Fernández, quien fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y al momento de ser arrestada se desempeñaba como asesora de seguridad del gobernador Leonel Godoy.

TERCERA LLAMADA… PRINCIPIAMOS:

El gobierno del presidente Felipe Calderón difundió mediáticamente el arresto de los 32 servidores públicos por parte del Ejército y de la Policía Federal.

La prensa escrita y los medios electrónicos difundieron imágenes donde los detenidos aparecen formados en fila, subiendo o descendiendo de las camionetas y los aviones en los que se les trasladó a los diferentes centros de reclusión.
Sin embargo, a más de un año de distancia, sólo una tercera parte de los funcionarios sigue bajo arresto: se trata de ocho agentes de las fuerzas de seguridad pública estatales y de quienes estaban al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia en aquella entidad, respectivamente, Mario Bautista y Miguel García Hurtado.

Pero en la liberación de los detenidos ha sido crucial la intervención de dos organizaciones ciudadanas que han estado al pendiente del caso: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encabeza el tijuanense Raúl Plasencia Villanueva, y el Grupo Plural, que la Cámara de Diputados creó para investigar las condiciones del “Michoacanazo”.

En el informe de trabajo que presentó a la comunidad coahuilense, el pasado 16 de agosto, el diputado federal Rubén Moreira Valdez, quien preside el citado grupo de trabajo, sugirió que el hecho, más que jurídico, tuvo motivos electorales, pues ocurrió semanas antes del proceso electoral mediante el cual se renovó la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

El legislador coahuilense consideró que a los detenidos se les violentaron derechos constitucionales básicos, como el de la “defensa adecuada, debido proceso, presunción de inocencia y seguridad jurídica”.

Ahora el tiempo le ha dado la razón a la mayoría de quienes debieron permanecer en prisión durante un año para convencer a la autoridad judicial, no sólo de su inocencia sino también de que en el México de hoy siguen vigentes prácticas de abuso de poder que se suponía formaban parte del pasado.

SE CIERRA EL TELÓN:

Con motivo del Cuarto Informe Presidencial que recién se presentó, Consulta Mitofsky recogió aspectos de cómo los mexicanos observan al presidente Felipe Calderón. A continuación se reproducen algunos datos:

Según la encuestadora de Roy Campos, el 57.5% de los mexicanos descalifica el desempeño de Calderón y considera que su gobierno conduce al país por un camino equivocado. Sin embargo, en los últimos tres meses se incrementó del 33 al 35% el porcentaje de ciudadanos que considera acertado el rumbo que imprime al país la administración federal.

No obstante, en la medición se observa cómo los dos principales atributos que la ciudadanía ve en el Mandatario, es decir, la tolerancia para sus críticos y la honradez, se encuentran a la baja.

En mayo anterior, el 35.4% de los consultados consideró que Calderón era tolerante, pero ahora ese universo se redujo al 30.5 por ciento. En este mismo periodo, la percepción de honradez que la gente tiene del Presidente cayó del 29.8 al 27.9 por ciento.

Casi tres de cada 10 mexicanos opina que el presidente Calderón tiene liderazgo y experiencia para gobernar y dos de cada 10 lo ven cercano a la gente, con capacidad para resolver los problemas y preocupado por los pobres.
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