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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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04 Agosto 2019 04:00:00
Migración que mata
Otra tragedia, una más que sumar a la larga cadena de las precedentes: el pasado 31 de julio, personal de la Fiscalía General del Estado realizaba un operativo en las inmediaciones de las vías del tren, muy cerca de la “Casa del Migrante” de Saltillo, cuando un integrante de un grupo que había salido de ese albergue fue victimado, aparentemente por elementos de aquella institución, en circunstancias que no han quedado muy claras. El migrante que murió a causa de los disparos recibidos iba en compañía de su hija, una menor que, huelga decirlo, ha quedado en el desamparo, lejos de su familia y su entorno, lo que agrava su situación de orfandad.

El incidente ha tenido repercusiones de gran espectro, pues fue difundido por medios internacionales de gran penetración, y no solo por los locales y nacionales. Esta circunstancia motivó que la CNDH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tomaran cartas en el asunto.

La primera solicitó medidas cautelares para que “se salvaguarde la integridad física de las personas en contexto de migración sobrevivientes, se les brinde atención médica, psicológica y asesoría jurídica; se garantice el derecho a la unidad familiar de la niña de 8 años, y se colabore con la representación consular de Honduras, a efecto de que el cuerpo de la persona fallecida sea repatriado”.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lamentó profundamente el incidente, e instó a las autoridades correspondientes “a esclarecer los hechos y fincar responsabilidades por medio de una investigación exhaustiva e imparcial conforme a los estándares internacionales de debida diligencia”.

El hecho confirma que, en el equívoco contexto de la migración en tránsito hacia los Estados Unidos, lejos de diluirse la violencia en contra de las personas migrantes, se ha recrudecido ¿Hasta dónde llegarán la crueldad y la falta de humanidad en el tratamiento de tan agudo cuanto complejo problema?

Es difícil decirlo porque en él confluyen una serie de factores de cuya interacción surge una sinergía negativa, en la que no es cosa menor el choque entre derechos: el derecho a migrar y las libertades de tránsito y asentamiento domiciliar de unos, por ejemplo, frente a los derechos a contar con condiciones seguras y estables en su entorno, de los habitantes de las poblaciones que están en el camino y aquellas que las autoridades estadounidenses han convertido en receptoras de quienes son expulsados del país o esperan la resolución de solicitudes de asilo.

Imposible pasar por alto los derechos de los primeros, pero también dejar de considerar que no hay recursos ni medios para recibir, de “golpe y porrazo”, a tantas personas que se agolpan en esas poblaciones, con todos los inconvenientes y riesgos para la seguridad, la salud pública y la economía, por mencionar solo algunos.

Una cosa es cierta: no es a balazos como podrá resolverse la situación, sino mediante la aplicación de espacios de políticas públicas racional y humanitariamente diseñadas y ejecutadas, en cuya médula aliente el cumplimiento del deber, a cargo de toda autoridad, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos y las libertades y garantías de ellas que en su seno abrigan, sin posturas ingenuas y sin simulaciones que a veces son verdaderas farsas.

Que tengan presente siempre las autoridades ese deber primario, lo entiendan bien -sin confundir libertad con libertinaje- y lo cumplan con diligencia, es algo que toca vigilar y exigir, en última instancia, a la sociedad civil y a los organismos protectores de los derechos humanos. De ahí que tanto importe llevar a cabo la más pundonorosa defensa de su autonomía, tan temida por las autoridades y, en consecuencia, tan acosada por ellas.

En paráfrasis de Karl Popper hay que decir que tenemos que hacer planes para las libertades y los derechos fundamentales, y no solo para la seguridad, porque solo ellas y ellos pueden “hacer segura la seguridad”.
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