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Carmen Aristegui
Carmen Aristegui
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Carmen Aristegui Flores. Periodista y conductora de programas de radio y televisión de amplia experiencia y reconocimiento en México.

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01 Marzo 2020 04:08:00
Mujeres
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El mundo vive la efervescencia de movilizaciones y expresiones a favor de las mujeres, en contra de la violencia, la inequidad y los modelos opresivos. En México el énfasis está puesto en la no violencia y en la denuncia por los feminicidios.

La antropóloga Marcela Lagarde acuñó la categoría de feminicidio para denominar a “... los crímenes de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional”.

Se trata, dice la autora, de “...una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado. Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones de guerra y de paz. Es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres”.

El desarrollo teórico sobre el feminicidio hecho por los especialistas abarca no solo un evento definitivo o acto criminal que puede derivar en la muerte de una mujer o niña. Abarca, en su más amplio sentido, lo ocurrido en la vida de una persona víctima de este delito.

El feminicidio abarca conductas violentas, agresivas y/o denigrantes en contra de mujeres a lo largo del tiempo cometidas por personas cercanas o no cercanas que someten a la mujer a situaciones degradantes y violentas. Parejas, novios, maridos, jefes o personas abiertamente delincuentes, pueden someter a la mujer o niña a periodos prolongados de vejación, sometimiento y dominio que, incluso, pueden llegar a la muerte.

La tipificación de feminicidio ha permitido diferenciar delitos cometidos en contra de mujeres y niñas, en contextos de violencia de género y odio, de otras conductas criminales y delictivas. Son crímenes que se caracterizan por la agresión física y sexual de los cuerpos de las mujeres y niñas asesinadas y por la crueldad extrema y el manejo del cuerpo como algo desechable.

La carga misógina y de odio contra la mujer víctima de feminicidio queda de manifiesto no solo por la acción criminal que le arrebató la vida a la mujer o niña sino por los procesos previos de abuso, dominación y violencia que infligió el autor, en la mayoría de los casos, por tiempos prolongados y también por la omisión, negligencia o abandono de las instancias sociales, familiares y del Estado para garantizar espacios y condiciones de vida libres de violencia para mujeres y niñas.

México tiene, desde hace 15 años, una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y tipificación del feminicidio como delito de lesa humanidad. También fue creado, hace tres lustros, un Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

Empujado por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por el caso del Campo Algodonero y la muerte de mujeres en Ciudad Juárez –cuyos cuerpos fueron encontrados en aquella zona en 2001– es que el Estado mexicano desarrolló y aprobó marcos legales de avanzada como los arriba mencionados. Trágicamente la espiral de crimen y violencia que ha marcado a México en los últimos años y la incapacidad del Estado mexicano de garantizar la seguridad , en general, de todos los ciudadanos, desdibujó también la obligación de cumplir el mandato específico que garantice el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

El reciente feminicidio de la pequeña Fátima se convirtió en el trágico botón de muestra de un problema sistémico. Vimos, descarnadamente, la cadena de omisiones, negligencia, incapacidad para detectar y prevenir conductas aberrantes que derivaron en la trágica muerte de la pequeña.

Fátima es el rostro de una realidad que no puede prevalecer más en México ni en el mundo. Las manifestaciones masivas e individuales en el planeta y, ahora, en México, apuntan a un intento de cambio civilizatorio.

El paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo es una expresión colectiva y decidida de miles –o millones– de mujeres y niñas en toda la República para exigir al Estado y a la sociedad entera cambios profundos para erradicar la violencia, el acoso y sometimiento hacia las mujeres y niñas.

Se trata de leyes, instituciones, escuela, familia, trabajo, individuos, medios, relaciones, justicia, recursos, etcétera. El momento es histórico y, a nivel internacional, todo apunta a un quiebre de alcances civilizatorios. El que no lo quiera ver así, no está entendiendo nada.
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