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Gerardo Hernández
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23 Julio 2019 04:00:00
¿Nadie sobre la ley?
El presidente López Obrador sigue atrapado en el laberinto de la corrupción. “La venganza no es mi fuerte”, insiste, como si el robo de recursos públicos y los negocios al amparo del poder fuesen agravios contra su persona y no contra el país. Al mismo tiempo, ofrece realizar “una consulta para revisar todo el período neoliberal”, no para presentar ante la justicia a chivos expiatorios, “sino empezar arriba, con los expresidentes, desde Salinas a la fecha”.

AMLO declaró, en la rueda de prensa del 18 de junio, que la compra de Agronitrogenados está bajo investigación, y en la de Fertinal –adquirida también por Pemex en la gestión de Emilio Lozoya– “no puede haber impunidad (…) son procesos penales, no es perseguir a nadie”. Misael Zavala, de El Universal, aprovechó para cuestionarlo sobre la indagatoria del Departamento de Justicia y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por el supuesto soborno al expresidente Peña para autorizar la adquisición de Fertinal.

Aguijoneado por Zavala (“Todos los negocios jugosos pasaban por las manos de los expresidentes”), López Obrador concedió: “Pues esa es una regla general; o sea, es muy difícil que el Presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud”. Sobre el futuro de las plantas, dijo que una opción “es hacer una sociedad con la iniciativa privada, una empresa mixta para producir fertilizantes”; pero antes “teníamos que desahogar el asunto jurídico”, lo cual, en su opinión, no contradice su propósito de “ver hacia adelante” y no emprender una caza de brujas.

Para AMLO, investigar a Lozoya y al Presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, no significa incumplir “el compromiso de no llevar a cabo ninguna acción judicial, (…) esto ya estaba en proceso; son denuncias que ya se habían presentado, y si nosotros nos quedábamos callados, íbamos a ser cómplices, encubridores, y eso no”. El 1 de julio, en su mensaje por el primer aniversario de su elección, López Obrador empezó por informar que “ya no se tolera ni se permite la corrupción desde la Presidencia de la República”. Asimismo, dio por abolidos “el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo régimen. (…) La corrupción y el fraude electoral fueron clasificados como delitos graves”.

Sin embargo, no es posible erradicar los vicios del sistema por simple voluntad presidencial o por decreto. Máxime en casos cuya flagrancia y falta de castigo indignan a la sociedad, como la Estafa Maestra, en la cual participaron secretarías de Estado y universidades públicas, el enriquecimiento de funcionarios federales, estatales y municipales, las empresas fantasma y el endeudamiento de estados como Coahuila. Según López Obrador, la adquisición de
Agronitrogentados y Fertinal formaron parte del Pacto por México suscrito por PRI, el PAN y el PRD con Peña Nieto.

Para mejorar la posición en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el cual México ocupa el lugar 135, junto con Honduras y Paraguay, se necesitan más acciones y menos retórica. La investigación contra Peña en Estados Unidos y la presunta sociedad de él y Salinas con Juan Collado, le brindan a López Obrador la oportunidad de demostrar que “nadie está por encima de la ley”. Bajo ese principio, Brasil, Argentina, Guatemala y otros países de América Latina, además del Perú, han procesado, destituido y encarcelado a expresidentes corruptos. ¿Por qué México no? Motivos sobran.
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