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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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23 Enero 2019 03:56:00
No a las compras directas
La adquisición de 500 pipas para la distribución de combustible en el país, como una estrategia para acabar o minimizar la crisis que en esta materia prevalece en México y que se agudiza frente al desabasto de gasolina que registraron ciudades de Coahuila, o incidentes como lo ocurrido en el estado de Hidalgo, que cobró varias decenas de víctimas, advierten un riesgo inminente de la actual administración federal: el caer en los mismos vicios que la pasada administración peñista, calderonista o foxista.

El peligro es comprar de manera directa, opaca y bajo el discurso de la emergencia, alejarse de la necesidad imperiosa de hacer visible a quién, cómo, a qué costo, forma de pago y dónde se hará el contrato de los auto-tanques para la distribución de carburantes y la justificación legal o científica para desdeñar el uso de ductos para garantizar el abasto.

Además, la pregunta obligada radica en la estrategia de combate a la corrupción en Pemex, que debe ir más allá de proteger los ductos y de comprar 500 pipas o contratar operadores a los que se les pagarán casi 30 mil pesos mensuales. ¿Cómo echar de la empresa a los directivos, operadores o sindicato enquistado en una red de poder y operación de miles de pesos, bajo ninguna forma de regulación?

Porque en uno de los discursos de la secretaria de la Función Pública e integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Irma Eréndira Sandoval, el pasado 7 de diciembre de 2018, al participar en la Reunión del Grupo de Trabajo de América Latina, organizado por Diálogo Interamericano que preside Michael Shifter, dijo que el relanzamiento de la secretaría a su cargo, estaría basado en acabar con los conflictos de interés, en estrechar el diálogo con la sociedad y en la promoción decidida de contratos y compras consolidadas, para lo cual se contemplan medidas para impedir conductas corruptas de los sectores fiscal y financiero.

Ahora, a menos de seis semanas el escenario cambió. Se aproxima una compra, la de las 500 pipas para atender una emergencia, pero de la que nadie o pocos saben el mecanismo de dicha adquisición.

Es obligación de los gobiernos estatales, como el de Coahuila –donde falta mucha voluntad política y jurídica para tener un eficiente esquema de compras con dinero estatal– como el federal y los municipios, que cada peso que se eroga para tener obra pública, rehabilitar escuelas, surtir medicamento en hospitales o rentar computadoras, se haga bajo parámetros de máxima transparencia para evitar el conflicto de interés o las empresas “fantasma”.

En el Artículo 134, de la Constitución Política de México, señala que “los recursos económicos de que dispongan el Gobierno federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez.

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública”. Pero, ¿en verdad se cumplirá con lo que dice la ley?
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