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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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01 Enero 2020 04:08:00
No intervención
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Estamos viendo un cambio en la política exterior mexicana. Hemos abandonado una vez más la política de no intervención y hemos tomado partido en una disputa que deben dirimir solo los bolivianos.

México tiene derecho a otorgar asilo a los integrantes del viejo Gobierno boliviano. En la embajada en La Paz se encuentran nueve exfuncionarios, entre ellos el exministro de Gobierno Juan Ramón Quintana y el exministro de Defensa Javier Zavaleta López. Cuatro tienen órdenes de aprehensión por sedición, fraude electoral y uso indebido de bienes del Estado. El derecho internacional excluye del asilo a quienes han sido inculpados o están procesados por delitos comunes, pero “corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución” (Convención sobre Asilo Diplomático, OEA). Bolivia tiene obligación de otorgar un salvoconducto para la salida de los asilados en la embajada de México en Bolivia.

El país asilante, sin embargo, “no permitirá a los asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pública ni intervenir en la política interna del Estado territorial”, mientras que el expresidente Morales y sus exfuncionarios están buscando activamente derrocar el régimen legal de Bolivia.

El Gobierno mexicano ha violado el principio de no intervención en Bolivia. Lo hizo, para empezar, al reconocer el triunfo de Evo en las elecciones del 20 de octubre a pesar de los indicios de un fraude. Las irregularidades fueron confirmadas por un análisis del Departamento para la Cooperación y la Observación Electoral de la OEA que se realizó a petición del propio Evo. El estudio determinó que “se encontraron irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo auditor a cuestionar los resultados de la elección del 20 de octubre pasado”.

El proceso era irregular desde un principio. La propia Constitución que impuso Evo en 2008 establecía solo una reelección presidencial. En 2019, sin embargo, Morales estaba contendiendo por un cuarto mandato con el argumento de que la reelección indefinida es un derecho humano.

El Gobierno mexicano ha afirmado que la renuncia de Evo del 10 de noviembre fue producto de un golpe militar. Las fuerzas armadas, sin embargo, no se desplegaron, ni tomaron oficinas de Gobierno o medios de comunicación. El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, no solo no ocupó el mando, sino que se encuentra asilado en la embajada de México. El comandante en jefe de las fuerzas armadas, el general William Kaliman, quien hizo la sugerencia pública de que el presidente Morales debía renunciar para evitar más derramamiento de sangre en medio de un levantamiento popular, fue destituido por el nuevo Gobierno debido a su cercanía con Evo.

La transmisión de poder se realizó conforme al orden constitucional a la vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, quien de inmediato ha tomado medidas para convocar elecciones. La ley para ello fue aprobada de manera unánime por las dos cámaras del Congreso, con el apoyo incluso del Movimiento al Socialismo, el partido mayoritario que previamente dominaba Evo.

Bolivia debe otorgar el salvoconducto a los asilados en la embajada, exigiendo que no promuevan actos contrarios a la tranquilidad pública, pero México debe dejar que los bolivianos tomen sus decisiones, incluso la de expulsar del poder a un dictador que trató de permanecer en el poder de manera vitalicia.

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