×
Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
ver +
Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

" Comentar Imprimir
24 Octubre 2018 04:00:00
Palabra clave: tolerancia cero
El informe Efectos de la Corrupción en los Contratos de Asociaciones Público-Privadas, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que fue presentado hace unos días, advierte de los riesgos de corrupción en las asignaciones de obra pública y de contratos a proveedores de entidades en México y Latinoamérica, pero a partir de escándalos como el de la firma Odebrecht, constructora que reconoció haber pagado una serie de sobornos a altos funcionarios de más de una docena de países en América Latina.

En especial, este reporte resalta la necesidad de desarrollar herramientas que sancionen la corrupción en este tipo de operaciones con dinero público, pero que al mismo tiempo llama a que los estados garanticen la continuidad de proyectos de infraestructura bajo condiciones de calidad y estándares de compra con altos niveles de transparencia y legalidad.

El Banco Interamericano de Desarrollo señala especialmente algunas medidas que podrían evitar la corrupción en las contrataciones o asignaciones de obra pública de los gobiernos federal y los estatales. Una de las recomendaciones más sobresalientes de este reporte es el establecer mecanismos de control y reformar –si así fuera el caso –la legislación o legislaciones locales para sancionar con mayor severidad actos ilegales, y de esta forma evitar la tan señalada impunidad en estas erogaciones millonarias que realizan las autoridades al momento de impulsar la obra pública.

Incluso, la propuesta va más allá. Advierte de la necesidad de imponer sanciones ejemplares a empresas que incurran en actos de corrupción, sobornos o tráfico de influencias. En estos casos, el BID en su reporte menciona que debe aplicarse la nulidad del contrato a estos empresarios de la construcción o proveedores.

En Coahuila, y lo leíamos hace unos cuantos años, las reformas a la Ley de Obra Pública y Adquisiciones citaban algunos ajustes precisamente para evitar actos ilegales o compras “a modo”, principalmente en materia de obra pública, como puede ser la pavimentación de calles, construcción de hospitales o estaciones de policía, el mantenimiento de caminos rurales o la edificación de nuevas oficinas gubernamentales. Aunque según agrupaciones y activistas, estas medidas han sido insuficientes, no solamente para asegurar el cumplimiento en tiempo y la calidad del proyecto para el que se contrató a una empresa, sino también para que la asignación se realice sin cuestionamientos o dudas sobre la propuesta ganadora de tal o cual licitación.

La georreferenciación de obra, el usuario “encubierto” y la instalación de observatorios ciudadanos fueron parte de esta estrategia. La vigilancia en las asignaciones y el padrón de proveedores en Coahuila son prioridad para los grupos de la sociedad civil y los especialistas en el tema, el sector empresarial y los académicos que frente a la exposición mediática de asuntos relacionados a contrataciones poco transparentes se muestran escépticos ante los avances y la regulación estricta que las autoridades locales le puedan aportar a este tema.
Imprimir
COMENTARIOS



0 1 2 3 4 5