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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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30 Septiembre 2019 04:04:00
Patente de corso
Los presidentes tenían en los estados contactos ajenos a las estructuras del poder y a los partidos a quienes recurrían para conocer más al detalle la situación de una región concreta o de un problema en particular; incluso para sondear la opinión sobre tal o cual gobernador o aspirante al cargo. Los enlaces eran amigos de generación, excompañeros de trabajo o alguna figura económica o social relevante. En una charla informal con Miguel de la Madrid, el expresidente dijo que el método le había funcionado.

Años más tarde, en una entrevista con Carmen Aristegui, para el libro «Transición», De la Madrid admitió haberse equivocado con Carlos Salinas como sucesor, por la corrupción de su gobierno y las denuncias por los supuestos vínculos de su hermano Raúl con el narcotráfico. Los presidentes -advirtió- deberían prestar más atención a la moralidad de sus colaboradores para evitar sorpresas desagradables. El PRI conservaría el poder un sexenio más, con Ernesto Zedillo, y lo recuperaría 12 años después, con Peña Nieto, quien resultó tan venal o más que Salinas.

Atenido a su legitimidad, Vicente Fox se desentendió de los gobernadores. En lugar de combatir la corrupción -promesa de campaña y bandera histórica del PAN-, el Presidente de la alternancia prefirió mirar para otro lado y llevar la fiesta en paz con los caciques regionales. Quizá por ser el suyo el primer gobierno dividido de principio a fin. Entonces la corrupción en los estados no era tan grave, como lo sería en los dos sexenios siguientes, ni las deudas ponían en riesgo sus finanzas.

Sin el bono democrático de Fox, Felipe Calderón no pudo acotar a quienes, para entonces, ya habían convertido a las entidades en feudos personales y devenido en presidentes a escala. Los gobernadores controlaban los poderes Legislativo y Judicial y los órganos supuestamente autónomos. En ese periodo, no solo se dispararon las deudas; en muchos casos, como el de Coahuila, las autoridades locales también pactaron con la delincuencia organizada, contribuyeron a incendiar el país e instalaron en Los Pinos a uno de los suyos.

Si en el pasado los presidentes surgidos del PRI recurrían a fuentes alternas para obtener información sobre la conducta de los gobernadores con el objeto de apretarles las clavijas e incluso para defenestrar a quienes, por descuidar sus obligaciones -en materia de seguridad, por ejemplo-, le generaban conflictos a la federación, Peña Nieto les dio patente de corso, les entregó recursos sin supervisión, les dejó decidir sus propias sucesiones y puso a su servicio las delegaciones federales. Ese fue el premio por haber financiado su campaña… con deuda pública.

Peña Nieto no movió un dedo contra los gobernadores acusados de corrupción; al contrario, la Procuraduría General de la República los protegió. Las detenciones de Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), Jorge Torres (Coahuila) y la fuga de César Duarte (Chihuahua) las forzó la presión ciudadana, la alternancia y las investigaciones en Estados Unidos. Con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, los mandatarios estatales perdieron influencia, pero aún no se aprecia voluntad suficiente para desmontar las estructuras de poder y complicidad que los volvieron absolutos, como hoy son también los de Morena.
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