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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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18 Noviembre 2018 04:00:00
Paz y seguridad
Las políticas públicas, pensamiento en acción, son recursos técnicos para acometer problemas que aquejan a una comunidad, proveyendo los medios para solucionarlos.

Como esos problemas son usualmente complejos e interrelacionados, las vías de solución requieren de una identificación precisa de las causas, las formas recíprocas en que unos influyen en los otros y los efectos que producen, cada uno y las sinergías que de su confluencia se desprenden.

Dependen de una estrategia bien definida, de tácticas y campañas congruentes con y de la participación de actores, públicos y privados, en una agenda que sea adecuada y determine prioridades, así como responsabilidades.

Toda política pública ha de se traducirse en planes, programas, actividades y acciones que, bien concatenadas entre sí y alineadas a la solución del o los problemas del caso, si se quiere que sea eficaz.

Hace falta, también, que se precisen sus objetivos y que estos se conviertan en metas por la incorporación de indicadores cuantitativos en ellos.

Un diagnóstico preciso y claro es, por lo tanto, imprescindible. No basta experimentar el mal y la “sensación” de él, ni son suficientes las medidas para paliar el malestar, disimulando los síntomas y las molestias que causan, porque a la postre el daño se acrecienta y mata.

Cuando alguien se siente enfermo, no se automedica sin riesgos graves. Va al médico, y este determina, tras un análisis minucioso de los síntomas y el soporte de estudios clínicos profesionales, las causas de la enfermedad: Solo desde ahí puede determinar el tratamiento.

Lo mismo sucede con los males públicos: Es necesario diagnosticarlos bien, para luego definir las medidas que, efectivamente, puedan remediarlos.

En días pasados se anunció el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, elaborado por el equipo del presidente electo, cuyo propósito primordial es “formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y reinserción de infractores”.

Hay en él un buen número de enunciados de innegable bondad: Nadie podría oponerse a la necesidad de erradicar la simulación, que se traduce en corrupción, catalizada por la impunidad, ni a la necesidad de “abandonar el autoritarismo y la violencia y avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y los derechos humanos”, según el documento presentad propone, por ejemplo.

Se enuncian, es cierto, propósitos encomiables, como erradicar la corrupción; garantizar empleo, educación y bienestar; pleno respeto a los derechos humanos; reformular el combate a las drogas, aunque a quienes habría que combatir es a quienes impulsan su consumo y comercio ilícito.

Hay otros propósitos cuya bondad no es tan evidente, como el que se refiere a la “regeneración ética de la sociedad”, porque no deja de percibirse en este punto un dejo de “revolución cultural” y el riesgo de la tentación de imposición ideológica.

Algunos más que no dejan ver con claridad los medios de solución, aunque se refieran a los instrumentos pensados para conseguirla, como la anunciada “Guardia Nacional”, o el “Consejo de Construcción de la Paz”, del que nada en concreto se ha dicho.

Se echa de menos en todo ello, sin embargo, la precisión de los datos duros de un diagnóstico confiable, tanto como el examen y valoración de las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas que cualquier estrategia requiere para ser eficiente y eficaz. Tampoco se vislumbra la agenda que se requiere.

Hay, además, un elemento central por esclarecer: ¿Se persigue la restauración del “estado de derecho”, o se quiere instaurar un “estado de bienestar”? Ambas expresiones se utilizan en el documento, paro no son lo mismo: Aquél implica la idea de que gobiernan las leyes, y si se agrega el calificativo “social”, es porque el derecho se ordena hacia la justicia social.

El “estado de bienestar”, en cambio, confunde el “bienestar” con el “bien ser”, y la historia ha demostrado que no es un modelo exitoso.
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