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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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08 Noviembre 2019 04:02:00
‘Peor imposible’
El pasado fin de mes el Congreso del Estado aprobó la designación de seis nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los cuales estarán en el cargo por un periodo de 15 años. Esta masiva asignación fue necesaria dada la sorpresiva desbandada de magistrados que, al grito de “¡ahí viene la 4T!” y temiendo a las inminentes disminuciones salariales, decidieron poner fin a su carrera judicial, con tal de alcanzar una buena pensión por su retiro.

Sin ánimo de evidenciar lo innegable, debo mencionar que aprovechando la coyuntura, en la misma fecha el Pleno del Poder Judicial designó como su presidente al exdiputado local y amigo cercano del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Miguel Felipe Mery Ayup, quien llegó a suplir a Miriam Cárdenas Cantú, quien dicho sea de paso, pertenecía al grupo político del exgobernador Rubén Moreira Valdez.

Así pues, y por mayoría, los diputados votaron por la designación de estos nuevos magistrados, de los cuales solo tres, a mi ver, cumplen a cabalidad con la exigencia que impone el Artículo 138 de nuestra Constitución Política estatal, que a la letra dice: “Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, …deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”, que significa que los magistrados nombrados debieron dedicarse a la ministración de justicia antes de llegar al puesto.

Por desgracia, de este grupo de seis nuevos magistrados, solo tres pudieran figurar como idóneos para el puesto, y es que de tal grupo, solo los abogados Manuel Alberto Flores Hernández, que se desempeñaba como abogado postulante; el licenciado Vladimir Kaiceros Barranco, que era titular de un Juzgado de Primera Instancia en Saltillo desde hace ya varios años, y en todo caso el magistrado José Ignacio Máynez Varela, quien fue diputado local y magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, cumplirían con este requisito, lo que no sucede con el resto.

Para quien dude de lo anterior, le recuerdo que los demás son Luis Efrén Ríos Vega, quien tiene como virtud solo el haberse desempeñado como director fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, es decir que jamás ha impartido justicia; lo que igual sucede con la licenciada María del Carmen Galván Tello, quien se distingue solo por dejar la titularidad de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal. Y en la misma circunstancia se encuentra el ciudadano Carlos de Lara McGrath, quien tiene en su currículum como principal logro, el desempeñarse como director de Ingresos de la Tesorería Municipal de Torreón. Es decir que los tres, de actividades jurídicas o impartición de justicia nada hay.

Así pues, y a pesar de lo anterior, los ciudadanos debemos esperar cosas buenas, y lo digo convencido de que el Poder Judicial de nuestro estado mejorará sin duda alguna, sin embargo, debo reconocer que a esta conclusión he llegado no gracias al producto de un pensamiento positivo, sino que por el contrario, lo he alcanzado dada la evidente imposibilidad de que nuestro Tribunal pueda estar en peores condiciones de las que actualmente observa. O lo que es lo mismo: “Peor imposible”.
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