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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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06 Enero 2020 04:08:00
Poder compartido
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En su primer año de Gobierno, el presidente López Obrador dejó claro que no busca ni necesita la aprobación de quienes votaron en su contra y siempre lo han criticado con mayor ferocidad y encono que a Felipe Calderón y a Peña Nieto. AMLO provoca ese rechazo para mantener polarizado al país y afianzar sus clientelas políticas. La base de AMLO no la forman las cúpulas, sino millones de mexicanos que votaron por él y aún lo apoyan, según reflejan las encuestas. Sin embargo, no debe estigmatizar a los opuestos, cobrar venganza o causarles daño, pues su obligación consiste en gobernar para «buenos» y «malos».

AMLO resistió en 2019 la artillería pesada de sus adversarios, pero la realidad lo derrotó en dos terrenos: la seguridad y la economía. Era difícil reducir la violencia en 12 meses, pero él lo ofreció y al final admitió el fracaso. La estrategia de la 4T se funda en nuevas leyes y en la Guardia Nacional. Es prematuro descalificarla, pues la forma como se afrontó al crimen organizado en los dos últimos sexenios ensangrentó al país y lo volvió más inseguro.

El plan de AMLO consiste en atacar las raíces del problema. La pobreza y la falta de oportunidades empuja a legiones -sobre todo jóvenes- a alistarse en las filas de la delincuencia. La corrupción en las corporaciones policiacas, las fiscalías y los tribunales perpetúa la impunidad y vuelve inútil cualquier esfuerzo para pacificar al país y regresar la tranquilidad a las calles. El Presidente no exagera cuando advierte que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán ejercía el mismo poder que sus predecesores; así lo presentan las series de televisión. La misma influencia tenía Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, líder del Cártel de Juárez, en el sexenio de Salinas de Gortari.

A escala local, capos de distintas organizaciones criminales también recibieron protección de políticos y funcionarios a cambio de negocios y dinero. Las causas de la violencia en Coahuila son profundas y así lo demuestran los embates de las últimas semanas cuya intención es evidente: desestabilizar al Estado y al Gobierno y generar sicosis entre la población. La pregunta es si los nexos entre cárteles y autoridades del pasado -y algunas del presente- sirven para presionar a la Administración de turno.

La relación entre política y delincuencia organizada se extendió incluso a algunos medios de comunicación y a un animador de televisión citados en el proceso contra Juan Manuel Muñoz en Estados Unidos. No es la primera vez que ocurre. A mediados de los 90 del siglo pasado, el dueño de la misma televisora «erregeciana» estuvo involucrado con Juan Chapa Garza Jr., alias José Luis García Treviño, del Grupo Aztlán, detenido en La Paz, Baja California, el 28 de octubre de 1994 y entregado al día siguiente a Estados Unidos. Cuatro años antes, se había fugado de la cárcel texana de Wakenhut donde purgaba una condena de 30 años por tráfico de drogas.

La PGR incautó el Learjet matrícula XA-RCG utilizado por el supuesto García Treviño para viajar a La Paz, pero luego lo devolvió a su propietario. Incluso se llegó a especular que Chapa era Juan García Ábrego, a la sazón líder del Cártel del Golfo. El dueño de Aztlán tuvo también entre sus socios saltillenses a empresarios de doble moral. El mensaje de AMLO, en el sentido de que esos tiempos ya se acabaron, anticipa tormentas en Coahuila.
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