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Gerardo Hernández
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04 Octubre 2019 04:05:00
Poder exacerbado
Los últimos presidentes estuvieron condicionados por congresos de mayoría opositora. Tal situación les obligó a ceder espacios y poder para avanzar sus agendas y mantener la gobernabilidad del país. Algunas reformas propuestas por Ernesto Zedillo -en la segunda mitad de su sexenio, el PRI ya no controlaba la Cámara de Diputados-, Vicente Fox y Felipe Calderón fueron modificadas e incluso algunas rechazadas. Peña Nieto firmó el Pacto por México con el PAN y el PRD, pero al final el acuerdo naufragó, los partidos perdieron sustento social y Morena ganó la Presidencia.

El castigo ciudadano a la partitocracia se amplió al Congreso, pues Morena también se hizo con la mayoría en ambas cámaras. Así, después de 21 años, México volvió a tener un gobierno unificado, lo cual convierte a Andrés Manuel López Obrador en un presidente fuerte; el último había sido Carlos Salinas, quien, para obtener la legitimidad no conseguida en las urnas, tejió alianzas con el PAN, las iglesias, los medios de comunicación y los grandes empresarios, además de encarcelar a varios rivales políticos, entre ellos el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia.

AMLO ha logrado en los primeros meses de su gestión reformas que sus predecesores tardaron años en conseguir o no pudieron ejecutar por falta de consenso. Hacerlo sin escuchar ni hacer concesiones a las minorías representadas en el Congreso expone al país a decisiones autoritarias o caprichosas. El Presidente también sometió a los gobernadores, cuyo poder exacerbado les permitía presionar a la federación a través de «sus» diputados y senadores para obtener mayores recursos y no ser investigados por delitos de corrupción. Es el caso de Coahuila.

López Obrador dispone de instrumentos políticos y económicos para someter a los mandatarios locales. Uno de ellos es el presupuesto. En las administraciones de Fox, Calderón y Peña, los estados recibieron recursos federales como nunca. Los gobernadores gestionaban en la Cámara de Diputados fondos e inversiones sin necesidad de acudir a la Presidencia. La costumbre continúa, pero hoy todo se resuelve en la sede del Poder Ejecutivo. Además, de los 53 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 27 son de Morena, 8 del PAN y 4 del PRI; el resto se divide entre otras fuerzas políticas.

La situación ha obligado a los gobernadores a tocar las puertas de Palacio Nacional, pero en virtud de las condiciones económicas y de los excesos cometidos en los últimos sexenios, el Presidente y su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decidieron llevar la «austeridad republicana» a los estados y municipios. El año próximo, el gasto federalizado, compuesto por participaciones, subsidios, convenios de coordinación y aportaciones, disminuirá 0.5% en términos reales, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado al Congreso.

El impacto será mayor en estados como Coahuila, cuya deuda por 38 mil millones de pesos -herencia de los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira- absorberá este año casi 4 mil millones de pesos (8% de su presupuesto), de los cuales solo 75.6 millones se descontarán al capital. La relación del gobernador Miguel Riquelme con el presidente López Obrador parece ser buena, pero las llaves de Hacienda se han cerrado. El daño
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