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Federico Muller
Federico Muller
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15 Marzo 2019 03:50:00
Políticas públicas agrícolas
Durante varios años, o quizá lustros, el modelo económico de sustitución de importaciones que siguió el Gobierno se apoyó en el sector agrícola para subsidiar la industrialización del país, que iniciaba con el presidente Miguel Alemán. Esto se podía apreciar con el bajo precio que tenían los productos agrícolas de aquel lejano pasado, que paulatinamente fueron descapitalizando a los productores. El éxito político que tuvo la reforma agraria, con la creación del ejido, fue aprovechado por las centrales campesinas adheridas al partido oficial (PRI), que controlaban electoralmente a los campesinos. Sin duda que los presupuestos públicos destinados al campo aumentaban año tras año, pero la productividad agrícola no lo hacía en la misma proporción, simplemente porque el sector rural se manejaba con una óptica que no era la económica.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), la forma de financiar las actividades agrícolas cambió radicalmente. Surgió una recomposición que, en términos técnicos, significó la privatización y desaparición del ejido, haciendo más grande la brecha socioeconómica entre la agricultura social y la privada, que generalmente se especializaba en productos susceptibles de exportarse al resto del mundo. La desatención económica a este sector se vio reflejada en el incremento de las migraciones de mexicanos a las ciudades de Estados Unidos.

Lo anterior se menciona para entender un poco la política pública que pretende llevar a cabo la presente Administración federal, que se puede resumir en dos objetivos: racionalizar los recursos públicos, que se despilfarraron en gran manera en las anteriores administraciones, y (con los ingresos que se dejen de invertir en el campo) incrementar la transferencia a los programas sociales elegidos por el Presidente de la República como prioritarios, como 68 y más o becas a los jóvenes, entre otros.

Las políticas y estrategias que se están formulando por las dependencias de Gobierno han causado sorpresa y disgusto en un sector de los pequeños y grandes productores del territorio nacional. La agricultura es la parte de la economía más vulnerable ante los cambios climáticos, por ello, debe ser un factor a considerar en la política, y con los adelantos tecnológicos, la rentabilidad del campo ya no está en función de las grandes extensiones territoriales. Estos factores parece ser que no se están considerando en las decisiones de política del Gobierno, y en las protestas de los empresarios agrícolas ante el recorte de apoyos.

Una de las medidas desatinadas para los agricultores fue acotar la extensión de la superficie sembrada, es decir menos hectáreas tendrán subsidio, que influye en el incumplimiento en los pagos de los créditos bancarios solicitados por los productores. Por otro lado, bajo la premisa ya muy socorrida de “primero los pobres”, el Gobierno está arriesgando una porción de los recursos del erario federal al adelantarlos a los campesinos del sureste del país para que lleven a cabo la siembra de frijol y maíz en sus parcelas. Si bien es cierto es uno de los estratos sociales más desvalidos de la nación, eso de ninguna manera justifica que no se tenga que llevar a cabo una adecuada supervisión del debido uso de los recursos, que se utilicen, para lo que fueron planeados.

Independientemente del trasfondo ideológico, que incide para quitar o añadir beneficiarios agrícolas al padrón federal, las estadísticas señalan que México es un importador de granos básicos, y paradójicamente de un tipo de maíz, a pesar de ser un producto de origen nacional. Lo importante es subsidiar, al menos en este sector, a los agricultores que contribuyan con su trabajo al aumento de la producción nacional; y buscar otro tipo de apoyos para los que viven de la agricultura de autoconsumo.
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