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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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22 Febrero 2019 03:41:00
`Por lo más delgado´
En un acto sin precedentes, hace siete días, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, rindió su Tercer Informe de trabajo al frente del máximo Tribunal local, lo anterior, ante el pleno del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, organismos ambos, que la misma funcionaria preside.

Y digo sin precedentes, dado que por primera vez la encargada del Tribunal del estado reconoció la profunda crisis de honestidad que actualmente vive la impartición de justicia en nuestro estado.

La magistrada presidenta, abrió su discurso diciendo: “El Poder Judicial culminó el año 2018 inmerso en una situación inédita ante el inicio simultáneo de procedimientos disciplinarios contra 6 jueces y 12 secretarios de acuerdo y trámite, a quienes se les impuso como medida cautelar la suspensión en sus funciones, al menos por el tiempo que duren dichos procedimientos disciplinarios”, lo anterior se dio, porque los juzgadores, probablemente incurrieron en faltas administrativas consideradas por la ley como muy graves y graves, en la tramitación de diversos juicios promovidos por el Infonavit.

Además, aclaró que los procedimientos administrativos que se tramitan en el Consejo de la Judicatura contra esos funcionarios judiciales “siguen su cauce legal y que de acreditarse las faltas graves que se les imputan, culminarán con la imposición de las sanciones correspondientes”.

Incluso, la magistrada aseguró que de inmediato se dio parte a las autoridades investigadoras de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por los funcionarios públicos, por los evidentes actos de corrupción, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, determinen si las conductas de las y los funcionarios públicos judiciales implicados, significan la comisión de algún delito.

Llama la atención que la magistrada presidenta, de entrada reconozca como inédito el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia, ahora sí, intente sancionar a los funcionarios judiciales que cayeron en actos de corrupción al momento de desempeñar sus funciones, lo que por desgracia, es por bastante cierto.

Y es que, para quien dude de lo anterior, lo invito a que haga un exhaustivo ejercicio de memoria y trate de recordar si en algún momento el anterior presidente del Tribunal Superior, Gregorio Pérez Mata, dio alguna vez cualquier explicación sobre los ilegales movimientos financieros que se realizaron en su gestión para beneficiarse con los intereses de 125 millones 600 mil pesos depositados en una cuenta de Ficrea, empresa que quebró dejando sin sus ahorros a miles de personas y al Tribunal Superior de Justicia de Coahuila sin esa enorme cifra de dinero, que al final es propiedad de los coahuilenses.

Ojalá que lo que actualmente sucede en el Tribunal de nuestro estado sea realmente parte de un proceso de depuración de malos hábitos, los cuales son muchos y bastante vigentes, y no una estrategia oculta para lograr las acciones realizadas en administraciones pasadas, como lo sucedido con Ficrea, queden en el olvido y sin castigo para los infractores, ya que de ser así, estaríamos ante la indudable materialización de aquel refrán mexicano que reza: “Siempre se rompe la soga por lo más delgado”.
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