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Federico Muller
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21 Septiembre 2018 04:00:00
Prácticas monopólicas en el mercado de las gasolinas
Los incrementos a los combustibles que llevó a cabo el Gobierno federal en enero del año pasado fueron factores claves para aumentar los índices de inflación y estropearon la solidez de algunos indicadores macroeconómicos. El crecimiento de los precios que tenía previsto el Banco de México al cierre de 2017 no se cumplió, pues la inflación superó 4%, que según la institución era la máxima tasa de inflación esperada. Los efectos de la política energética implementada fueron múltiples, pero se pueden resumir diciendo que la cadena productiva de la economía se vio afectada al subir los costos del transporte y, por ende, los precios de otros bienes que no contemplaba la canasta básica de consumo que considera el Inegi para construir el indicador de precios.

En las recientes modificaciones que realizó el Inegi al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), una de ellas fue aumentar el ponderador, que registra la participación del consumo que hacen las familias en la compra de combustibles con respecto a su gasto total, es decir, del ingreso que se percibe, qué porcentaje se destina a estos. La ponderación en 2010 fue de 8.78% y para 2018 se elevó a 9.97 por ciento, que en términos más simples significa que por el aumento de precios en las gasolinas se deja de consumir otros productos, o menos de ellos.Tal parece que las autoridades hacendarias no dimensionaron las consecuencias económicas y políticas de esa medida. La política que siguió la Administración federal pasada, de marginales aumentos mensuales a los precios de las gasolinas, se descartó sin un previo estudio de factibilidad, y el aumento súbito de los mismos generalizó el descontento popular, que culminó con la derrota electoral del candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Y a pesar de que se haya liberado el mercado de los energéticos, en el sentido de permitir la competencia con nuevos jugadores en el mercado y manejar precios y tarifas distintos entre competidores, la Secretaría de Hacienda sigue interviniendo, de una manera sui generis, a través del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), que paga el consumidor al abastecerse de combustible, que la dependencia federal manipula según los movimientos del precio internacional del petróleo y las oscilaciones del tipo de cambio del peso frente al dólar. Lo que pretende con ello es amortiguar, hasta donde sea posible, las alzas súbitas de los precios, es decir, no deja de haber subsidios, lo que impide el pleno desarrollo de un mercado competitivo energético. Al tener Pemex competidores después de más de 50 años de ejercer un poder monopólico en el mercado, el novel mercado nacional enfrenta novedosas prácticas monopólicas que los reguladores del mercado nunca hubieran imaginado que se dieran en la economía nacional.

En México, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es quien investiga el comportamiento de las empresas ante sus contrincantes, algunas de ellas están siendo vigiladas por esta comisión porque hay indicios de que en las transacciones que manejan aparecen prácticas no competitivas, que técnicamente -para el caso que nos ocupa- se definen como ventas atadas y discriminación en los tratos de mercado, que van desde transporte de los combustibles hasta su comercialización, pasando por el almacenamiento de los mismos -venta atada: cuando la venta de algún producto depende de la compra de otra mercancía; este condicionamiento entorpece el libre mercado, y por ende es penalizado por el regulador (Cofece) porque puede ocasionar incremento en el precio de ese bien-, que deben ser elementos a considerar porque, de probarse su práctica, pondrían el precio de la gasolina por encima del del mercado. 
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