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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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09 Enero 2019 03:55:00
Presidentas o presidentes del DIF
Desde hace años en los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia en los municipios, se acostumbra que la presidencia sea ocupada por un familiar del alcalde o la alcaldesa en turno, para representar al munícipe en el despliegue de apoyos a las familias o grupos vulnerables en cada municipio de Coahuila.

Aunque casi siempre es la esposa o esposo del o la alcaldesa quien lleva la agenda del DIF municipal. Y para que no represente un conflicto de interés –por el parentesco con el alcalde –la Ley de Asistencia Social vigente en el estado, establece que el puesto sea honorario, es decir sin recibir pago alguno por los servicios que se prestan al frente del DIF municipal.

La Ley señala que el Estado está obligado a proveer los servicios de asistencia social a través de un organismo denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza (DIF Coahuila), que tiene el carácter de organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Aunque según el último Informe de Resultados 2017, presentado en diciembre pasado por la Auditoría Superior del Estado al Congreso local –y que está publicado en la plataforma en internet de la ASE– surge la problemática de interpretación de la Ley, pues por la palabra “honorario” en términos generales se entiende como un cargo que no amerita una percepción económica.

Con base a los hallazgos de la Auditoría Superior del Estado y dentro de sus facultades de fiscalización se ha detectado como una práctica común el que se otorgue un salario o remuneración a quien hace las veces de presidente o presidenta honorario (a) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que es contrario a la norma por lo que al otorgar una remuneración se ocasiona un daño a la Hacienda Pública Municipal. Así lo consigna la ASE en su Informe de

Resultados 2017.

La Auditoría explica los alcances de este incumplimiento de los municipios con la disposición en esta materia. Es una práctica común el que se reciba un pago por ser presidenta o titular del DIF municipal, ¿pero para quién puede ser atractivo prestar su tiempo y esfuerzo por un trabajo que no tendrá paga? O ¿cómo cubrir los costos de traslados, alimentación o uso de telefonía, equipos o internet, para la gestión de apoyos a estos grupos de la sociedad?

No es que defienda el pago o remuneración a las presidentas o presidentes de los DIF municipales, pero debiera implementarse una política que permita garantizar la eficiencia en el desempeño de estas actividades, que favorecen a grupos que tienen necesidades específicas en la sociedad, principalmente para que “la tentación” del pago de honorarios a las esposas de los alcaldes no sea una actividad común y sancionada cada año por el órgano fiscalizador del Congreso del Estado.
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