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Miguel Badillo
Miguel Badillo
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08 Marzo 2010 04:00:53
Quejas contra el Ejército
En esta lucha los ciudadanos se han convertido en carne de cañón

Los efectos de la guerra que declaró el gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico registran números alarmantes. Aunque se trata de cifras que bien podrían estar subestimadas, resulta válido analizarlas sobre todo si reflejan la queja que, desde hace varios años, surge de la sociedad civil y se refiere a que los integrantes del Ejército Mexicano no están preparados para esta lucha en donde los ciudadanos se han convertido en carne de cañón.

Entre el primero de diciembre de 2006 y el 28 de febrero de 2010, de acuerdo con la información liberada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 3 mil 430 quejas por presuntas violaciones cometidas por personal militar, de la cuales 51 han derivado en recomendaciones, lo que sólo representa –destaca el Ejército – el 1.5 por ciento del total de las quejas recibidas por el citado organismo.

El manejo de la cifras resulta mañosamente conveniente para la Sedena. No obstante al comparar estos números surge la verdadera tendencia que confirma que la presencia del Ejército en las calles está vulnerando los derechos de la población civil. Fue el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, quien aseguró que las quejas contra miembros del Ejército habían aumentado al menos 400 por ciento. Plascencia no ofreció números exactos en línea con la opacidad y cifras a cuentagotas que da a conocer la Sedena y a quien le conviene abiertamente entregar datos consolidados.

Pero la Sedena aseguró que la totalidad de las 51 recomendaciones han sido aceptadas y que ha iniciado los procedimientos administrativos y judiciales en contra del personal militar responsable. Y precisa: en 27 recomendaciones, la averiguación previa se encuentra en integración; en seis se tienen causas penales, en donde el Ministerio Público Militar determinó la presunta responsabilidad de personal militar en los hechos, por lo que se consignó la averiguación previa al juez.

En 10 recomendaciones se ha propuesto el archivo de la averiguación previa, pues no se ha encontrado responsabilidad alguna. En cuatro recomendaciones no se inició averiguación previa y se lleva cabo un procedimiento administrativo, y en otras tres se concluyó la averiguación sin acreditarse la conducta ilícita. Finalmente, dice la Sedena, en una recomendación no se inició averiguación previa por no haber participado en los hechos personal militar.

La Sedena también aseguró que en atención a los resolutivos de las recomendaciones 9/2007, 37/2007, 40/2007, 10/2008, 31/2008, 33/2008, 36/2008, 31/2009 y 38/2009 emitidas por la CNDH, a cuatro elementos de tropa se les dictó sentencia en el fuero civil (caso Castaños) y 55 elementos (dos jefes, 10 oficiales y 43 de tropa) han sido sujetos a un procedimiento ante la justicia militar.

Con estos datos en mano, la Sedena dijo que ratificaba su compromiso ante la ciudadanía, de no tolerar violación alguna al estado de derecho, ni actos que atenten contra las garantías fundamentales de las personas.

Pero también en su más reciente discurso, el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, no dejó duda sobre la importancia y preocupación que ha despertado la violación de los derechos humanos en el país. El problema, insisten los organismos independientes de derechos humanos, es la opacidad en la aplicación de la justicia para evitar abusos de los miembros del Ejército sobre la inocente población civil. No obstante, el titular de la Sedena advierte que no habrá cambio en ello porque desde su promulgación la Ley Suprema vigente reconoció al fuero de guerra como un “espacio sumario destinado a preservar la disciplina. Jamás como coto de impunidad”.

Y agrega: “La existencia de esta jurisdicción especializada, ha sustanciado de manera significativa el desarrollo de nuestra esfera legal, normando el proceder de todos, a cada momento y bajo cualquier circunstancia. Los órganos del fuero de guerra trabajan permanentemente en tareas de gran trascendencia. Su objetivo es proveer una procuración y administración de justicia moderna, capaz de garantizar la facultad del Estado para hacer cumplir la ley penal”.

En un acto que parecería de arrepentimiento, Galván agrega: “Es cierto, estamos propensos a fallas y errores. Pero cuando ocurren, la acción contenciosa correspondiente corrige la conducta equivocada en aras del cumplimiento de la legislación y prestigio del conjunto”. En otras palabras podríamos leer en la filosofía del italiano Nicolás Maquiavelo en su obra El Príncipe: “El fin justifica a los medios”.

Pero más allá de los análisis del discurso, también vale la pena revisar la opinión de organismos independientes sobre la información y gestión tanto de la Sedena como de la propia CNDH, porque al final de esta historia el factor más importante es la población.

Hasta junio pasado, 28 de los expedientes de la CNDH respecto a casos de la Sedena, fueron analizados profusamente por Atalaya, un esfuerzo académico encabezado por el ITAM. De esos 18 expedientes 12 se referían a quejas de civiles contra miembros del Ejército, mientras que el resto provenían de los propios miembros de las fuerzas armadas.

Igual que sucedió en sus comunicaciones con los medios de prensa, el presidente de la CNDH dijo a los analistas de Atalaya que esa comisión ha observado un incremento en el número de quejas por hechos imputables a la dependencia. Este hecho, refiere Atalaya es de destacarse en el contexto de una creciente interacción de las Fuerzas Armadas con la población civil.

El Programa Atalaya advierte, sin embargo, que la Sedena, en buena parte de estos casos, objetó la competencia de la CNDH, bajo el argumento de que se trata de asuntos “de naturaleza jurídico-administrativa, análoga a lo laboral”, ámbito sustraído por la constitución al organismo nacional.

Sin embargo, en ninguna de estas quejas la Comisión entró a debate con la autoridad sobre el tema, aunque todas ellas las concluyó por causas distintas a la “no competencia”, lo que constituye de alguna forma un posicionamiento tácito sobre este asunto competencial.

En el análisis cuantitativo, Atalaya asegura que fueron muy frecuentes las quejas en las que se denunciaron afectaciones a los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica (11 de 28). Los hechos concretos que dieron motivo a dichas quejas fueron muy variados, pero destacan los relacionados con abusos en retenes o puestos de control militar.

En 9 de las 28 quejas analizadas, se señalaron presuntas violaciones a la integridad física o psicológica, en 5 de las 28 a hechos vinculados con el derecho a la libertad personal y, también en 5 de las 28, a presuntas violaciones al derecho a no ser objeto de falsas acusaciones.

El resto de las presuntas violaciones estaba relacionada con afectaciones a los derechos de petición y de información, al derecho al patrimonio, al derecho a un juicio justo, a la libertad de tránsito, al derecho a no ser torturado, a la inviolabilidad del domicilio, a los derechos de los migrantes y el derecho a no ser objeto de discriminación, entre otros.

Respecto de las Fuerzas Armadas, las evidencias que fueron recabadas por la CNDH respecto de los hechos denunciados en distintas zonas del país denotan, ya sea incapacidad operativa o falta de voluntad institucional de las fuerzas armadas para preservar los derechos humanos tanto del personal castrense como de la población civil.

En efecto, Atalaya comprobó que, en lo general, la CNDH no establece una comunicación estrecha y fluida con los quejosos a fin de subsanar o suplir las deficiencias de sus quejas para de perfeccionar sus solicitudes de información y, en última instancia, elevar la calidad de sus investigaciones. Atalaya destaca además que resulta sintomático el hecho de que sólo en 2 de los 28 casos, la CNDH tomó la iniciativa de comunicarse con el quejoso antes de enviar su solicitud de información a la autoridad, no obstante que, en la mayoría de los casos, el escrito de queja o la comunicación inicial del quejoso muestran zonas grises o suscitan interrogantes que la Comisión no se ocupa de descifrar.
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