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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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21 Noviembre 2019 04:03:00
Racismo social
Los contribuyentes pagamos impuestos para recibir servicios públicos. Quizá es correcto que, por solidaridad, una parte se utilice para ayudar a los más necesitados, pero la distribución de los recursos debe decidirse por necesidad y no por raza.

La discusión no es nueva. En el siglo 19 los pensadores liberales sostenían que todos los humanos deben ser iguales ante la ley. Los conservadores consideraban, por el contrario, que las diferencias naturales justificaban tratos diferentes: los monarcas y los nobles merecían privilegios por su alcurnia, los peninsulares y criollos debían ocupar los cargos públicos, los indígenas precisaban una protección especial porque eran, supuestamente, inferiores.

El pensamiento conservador llevó a que los pueblos indígenas fueran mantenidos en comunidades étnicas regidas por usos y costumbres sin derechos cabales de propiedad. Alexander von Humboldt, el pensador alemán que visitó México a principios del siglo 19, escribió sobre estos tratos supuestamente preferenciales: “De todo abusa la malicia humana que pervierte en armas ofensivas contra esa miserable gente los mismos escudos destinados a su protección”.

Benito Juárez, un zapoteca, entendió el daño que hacían los tratos especiales y peleó abiertamente por la igualdad de todos ante la ley. Para él y los liberales, los indígenas debían dejar el aislamiento y los usos y costumbres, integrarse a la sociedad general y gozar del derecho a la propiedad privada. Por eso la ley de desamortización de bienes en manos muertas se aplicó no solo a las propiedades de la Iglesia sino también a las tierras comunales indígenas. La propiedad privada era, para Juárez, la plataforma para la prosperidad, como lo había sido en esos Estados Unidos que tanto admiraba.

En esta añeja disputa el presidente López Obrador se ha colocado del lado de los conservadores. Por eso está impulsando programas sociales que dan a los indígenas un trato distinto al de los mestizos o personas de otras etnias. Rechaza el principio liberal de que todos somos iguales ante la ley.

No tengo duda de que los indígenas se encuentran entre los grupos más marginados de nuestro país. Pero no es un problema de raza, como afirma el Presidente: “Es vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas, y se piense que eso es racismo. Es sorprendente. Los indígenas viven una situación de marginación, se envejecen porque sufren mucho”.

Una política social que apoye a los más necesitados beneficiará de manera preponderante a los indígenas. Las comunidades se han venido rezagando en lo económico por muchas razones, como falta de educación, de derechos de propiedad y de inversión productiva. Es importante otorgarles apoyos. Pero el criterio de la ayuda debe ser la pobreza y no la raza. No importa lo que diga el presidente: un gobierno que trata de manera diferente a las personas según su raza es racista.

La ayuda no debe eternizarse. La solución de fondo no es repartir caridad sino construir prosperidad. Habría que aplicar en las comunidades indígenas las medidas liberales que recomendó Juárez: eliminar los tratos especiales y los usos y costumbres, integrar a los indígenas a la sociedad, ofrecer mejor educación y reconocer derechos cabales de propiedad eliminando los bienes de manos muertas. No debemos ofrecer un trato diferenciado por raza, sino aplicar el viejo principio liberal de que todos somos iguales ante la ley.

Fuerza pública
Claro que hay un uso legítimo de la fuerza pública. Ayer lo demostró la 4T al encapsular a las organizaciones que querían irrumpir en el desfile conmemorativo de la Revolución. Permitir que sigan bloqueando el Congreso es una decisión política.
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