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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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26 Julio 2019 04:06:00
Reír o llorar
Si hay algo que se le puede reconocer a esta nueva Administración federal, lo es su capacidad de jamás dejarnos impávidos ante sus decisiones, y es que, la verdad muchas veces los ciudadanos no logramos descifrar si este nuevo régimen de Gobierno, tiene realmente definida una estrategia, o bien, si todo obedece a una absoluta tosquedad
en su actuar.

Para quien dude de lo controversial que resulta este Gobierno, le comentaré sobre lo sucedido en los últimos días, en los cuales hubo dos noticias que pueden llevar a los saltillenses al límite del sentimiento, algo así como una suerte de indignación y alegría a la vez, o como se dice en un lenguaje más sentimental, un reír y llorar simultáneo.

Me refiero a la entrada en vigor de la modificación realizada desde enero de 2018 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, con la cual se autoriza que las multas que aplique la Profeco a partir de este mes de julio, a los comerciantes por cualquier causa se considerarán créditos fiscales.

Es decir, que este órgano de la Secretaría de Economía con carácter de autoridad fiscal puede cobrar multas por medio de un procedimiento administrativo de ejecución (PAE), el cual consiste en que la autoridad fiscal embargue bienes del contribuyente en caso de darse alguna conducta ilegal.

Recordemos que hasta el mes de junio pasado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual en teoría es la encargada de defender los derechos de los consumidores, no tenía la facultad de realizar el cobro coactivo de las multas que imponía a los proveedores o comerciantes de bienes y servicios que hubieren incurrido en alguna falta. De hecho, la Profeco tenía que acudir al SAT y a las secretarías de finanzas estatales, para lograr sancionar al infractor, esto a pesar de haber tenido siempre la facultad de imponerles multas.

Entonces lo anterior, es sin duda una buena noticia, ya que ahora la Profeco tiene dientes para castigar a quienes atenten contra los consumidores; lo malo viene, cuando no enteramos de que existe una gran posibilidad de que Saltillo, se quede sin una oficina que atienda las quejas de los consumidores, lo anterior por consecuencia de la austeridad republicana, que contempla la reducción de oficinas dedicadas a este fin.

Ahora bien, si usted piensa que el presunto cierre de la oficina de Profeco en Saltillo le podría beneficiar en algo por ser usted proveedor o comerciante, debo decirle que esta noticia también le trae perjuicio. Lo anterior, dado que, en caso de que la Profeco le imponga una multa infundada o por medio de actos que pudieran afectarle, ahora mismo no existe un organismo para defenderle, y es que el ombudsman encargado de apoyarlo contra los actos de las autoridades fiscales como la Profeco, o sea la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), sigue sin titular a la fecha y desde abril de este año. Esto en un completo desinterés por parte del Gobierno para proteger los derechos de quienes pagan
de impuestos.

Entonces es triste que los consumidores y los comerciantes carezcan de defensores fuertes. Pero, es motivo de alegría, esta entrada en vigor de la reforma a la Ley de Protección al Consumidor, ambas acciones que nos dejan en la disyuntiva de no saber con claridad, si lo que sucede es motivo de reír o de llorar.




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