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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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03 Octubre 2018 04:00:00
Retos que vienen
En mayo de 2015 se concretaron las reformas a la Constitución y con la aprobación del primer bloque de leyes federales que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), quedaron las bases de lo que se ha ido replicando en entidades, siendo Coahuila uno de los que mayor avance observa en esta materia.

Desde el impulso que el Sistema Anticorrupción de Coahuila le ha dado propuestas hechas ante el Congreso del Estado y en conjunto con agrupaciones de la sociedad civil para generar un mecanismo de designación de órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos y la Auditoría Superior del Estado, hasta la reciente firma de convenio para impulsar el Programa de Formación y Canalización de Reportes y Posibles Hechos de Corrupción en Coahuila y el acompañamiento con agrupaciones civiles para atender problemáticas relacionadas con la corrupción y los derechos humanos, han sido parte de la agenda del Consejo de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema en la entidad.

El esfuerzo y aporte de la sociedad civil, la academia y el sector empresarial en Coahuila han sido constantes para buscar controlar –como lo dicen algunos autores– o inhibir los actos de corrupción principalmente en la esfera pública, donde el erario debiera gastarse en lo que la sociedad requiere y demanda, con total apego a la transparencia, pero sobre todo a la legalidad en el ejercicio de cada peso que llega a las arcas municipales, estatales o federales.

La normativa que rige al sistema local anticorrupción, incluye el enlace con integrantes del Comité Coordinador, desde la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana –que también encabeza el Sistema –para el diseño e implementación de políticas públicas en conjunto con la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.

Uno de los temas que especialistas han señalado como prioritarios es la captura de puestos públicos.

Y sin que esto sea una estridencia mediática, tal parece que hay mucho de cierto y que esta situación permea en Coahuila, donde se requieren mecanismos que garanticen: 1) esquemas transparentes y abiertos de selección de quienes desean integrarse al servicio público y 2) alinear el servicio civil de carrera, para erradicar el particularismo que luego da pie a la comisión de actos de corrupción o a la formación de redes de este tipo.

Sin duda, este asunto es toral para el Sistema Local Anticorrupción, cuyo CPC cumple un año. Esta semana rinde protesta una nueva consejera y cambia la presidencia que desde este 5 de octubre estará a cargo de la consejera Ana Yuri Solís Gaona, quien cuenta con una amplia experiencia en la materia, una economista profesional y dedicada, con toda la solvencia para el desempeño.

Segura estoy de que hará un excelente papel al frente del Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila.
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