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Agente Sóstenes
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17 Octubre 2009 03:00:58
Robo de cobre
BUENOS DÍAS, MI SUPERIOR. QUIERO exponerle que en Saltillo, así como en otros puntos de Coahuila, el robo de cobre continúa representando un verdadero negocio, pues los dueños de establecimientos chatarreros lo compran hasta en 70 pesos por kilo sin importar la procedencia de las personas que se los venden.

SIN DUDA, LOS AFECTADOS PREFIEREN no denunciar este delito ante las autoridades del Ministerio Público, porque en la mayoría de las ocasiones liberan a quienes roban cobre. Además, no hay un verdadero control por parte de las autoridades estatales sobre los establecimientos que en la capital de Coahuila compran el cobre.

DE ACUERDO CON LA FISCALÍA General del Estado, empresas como Teléfonos de México y la Comisión Federal de Electricidad, casas desocupadas, fraccionamientos en construcción de todos los sectores Saltillo y su zona conurbada, e incluso viviendas habitadas, son las víctimas frecuentes de los saqueadores de cobre, que cometen sus ilícitos a cualquier hora del día.

REPORTES DE LA POLICÍA INVESTIGADORA establecen que las marrullerías utilizadas por los malhechores para apoderarse del cobre no tienen límite, ya que les bastan sólo 30 minutos para robar el cobre de una casa, extrayendo los cables y pelando el plástico hasta extraer el metal.

LAS AUTORIDADES DE LA FISCALÍA General del Estado no descartan la existencia de grupos organizados, integrados tanto por menores de edad como por adultos, dedicados exclusivamente al robo de cobre en la ciudad, así como en los municipios de Ramos Arizpe y Arteaga.

POR EXTRAÑO QUE PAREZCA, ESTE delito no le representa en este momento un “dolor de cabeza” a la autoridad estatal, pues ésta argumenta que los robos denunciados penalmente son pocos, al igual que las personas que han sido detenidas por tal motivo.

NO OBSTANTE, LOS QUE NO son pocos, y cada día aumentan, son las víctimas de los saqueadores de cobre, quienes aparte tienen que sufrir los destrozos de éstos, que representan un gasto económico fuerte en ocasiones para sus propietarios.

CABE SEÑALAR QUE QUIENES ROBAN cobre, al momento de estar a disposición del Ministerio Público, la mayoría recupera su libertad al no quedar acreditado legalmente el robo por el cual fueron detenidos. Fianzas que van desde 300 a 3 mil pesos (según el avalúo pericial de la mercancía que transportaban) depositaron los saqueadores de cobre, que en la mayoría de los casos vuelven a delinquir.

LOS ACUSADOS, AL RENDIR SUS declaraciones ministeriales, dejaron asentado haber sustraído el cobre de casas abandonadas, cuya ubicación dicen no recordar, o bien que lo encontraron tirado, en otras los afectados nunca se presentaron ante el Ministerio Público a denunciarlos penalmente. Esta situación dificulta al Ministerio Público el acreditar el cuerpo delito al detenido y obtener elementos para consignarlo ante las autoridades competentes.

ASIMISMO, QUIERO REPORTARLE QUE PARA la Fiscalía de Homicidios, en el caso del comerciante degollado, su principal línea de investigación continúa siendo la pasional, a pesar de que compareció ante un agente del Ministerio Público el esposo de una secretaria que laboraba con el difunto Daniel de Jesús Garza Garza y dejar asentado en su declaración que era inocente.

AL SEGUIR CON LAS PESQUISAS, la Policía Investigadora detectó que el autor del crimen privó de la vida al comerciante y no se percató de que a la víctima se le cayó su teléfono celular; incluso, se presume que el individuo, luego de asesinarlo, se apoderó de 8 mil pesos en efectivo que presuntamente se encontraban en una caja fuerte cuya puerta se quedó abierta.

TAMBIÉN QUIERO HACER DE SU conocimiento que servidores públicos, lideresas, la diputada federal Hilda Flores Escalera, el director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, Fausto Destenave Kuri; el subsecretario Alejandro Froto y José Ángel Herrera Cepeda, entre otros, acudieron a los actos fúnebres para dar el último adiós al abogado Felipe Andrade Mendiola, quien falleció por una enfermedad cardiaca y desde hace años laboraba para el Gobierno del Estado.
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