×
Gerardo Aguado
Gerardo Aguado
ver +
Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila. @GerardoAguado

" Comentar Imprimir
18 Mayo 2019 03:59:00
San Manolo
Lisonja: alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace de una persona para ganar su voluntad.

Hace unas semanas presenté un punto de acuerdo en el Congreso del Estado, en el cual solicitaba que el Cabildo de Saltillo iniciara una investigación para dar seguimiento a varios casos de nepotismo detectados dentro de la administración del alcalde Manolo Jiménez Salinas; por mencionar algunos de los casos, en la nómina están primos, esposas de primos del presidente municipal, pasando por amigos, amigas y hasta el nombramiento con conflicto de interés del tesorero del Ayuntamiento.

Desde luego las reacciones no se hicieron esperar, y en un acto de sobreprotección, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso, simpatizantes y hasta troles en redes sociales, mostraron su enojo por exhibir a un alcalde que –hay que decirlo– no respeta lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa sobreprotección hasta hoy brindada por sus simpatizantes le ha hecho un flaco favor y el mensaje que mandan de “cuidar al alcalde por sobre todas las cosas” quizás demuestra dos verdades:

Que no tiene la estatura para poder asumir las culpas o subsanar las faltas administrativas o, que de aquí en adelante, habrá que guiarlo y cuidarlo.

Me refiero a lo siguiente, hace unos días, un periódico publicó una nota que llevaba por título “Saltillo plantea cadena perpetua o pena de muerte a quien agreda a policías”. Lo primero que me recordó fue a Humberto Moreira, que hace ya algunas legislaturas presentó una reforma a la Constitución local para validar la pena de muerte, iniciativa que en su momento fue aprobada por la legislatura coahuilense y luego fue enviada al Congreso de la Unión por tratarse de una reforma de carácter federal y, afortunadamente, fue rechazada por diputados y senadores. Y, lo segundo que se vino a mi mente, es que cómo después de que hace algunos meses el gobernador del Estado, en el marco del arranque de los trabajos del Programa Estatal de Derechos Humanos 2017-2023, declarara que los derechos humanos son agenda de Estado de primer nivel y guía para planear, presupuestar e implementar prácticas y estándares de protección a una sociedad de derechos; y que hace unos días la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconocía que Saltillo y Coahuila eran ejemplo de respeto a los derechos humanos; venga el alcalde de Saltillo –que lo presumen como un político nuevo y de avanzada– a dejar de lado los derechos humanos y proponer, aunque sea solo una declaración, la pena de muerte.

A raíz de esta declaración, el pasado miércoles en la sesión del Congreso, presenté de nueva cuenta un punto de acuerdo para solicitarle a Manolo Jiménez que cumpla con lo establecido en el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para sorpresa de nadie, el punto de acuerdo fue enviado a Comisión sin ni siquiera ser discutido, como si el tema de derechos humanos no fuera un tema toral en el discurso público actual. Pero lo más interesante, es que en el Poder Legislativo se han impulsado una gran cantidad de reformas en materia de Derechos Humanos, algunas incluso impulsadas por el PRI y que se refieren a los principios de mejora continua en las condiciones existentes bajo los principios de progresividad y no regresividad. Pero hoy no, hoy jugaba un factor más importante que el derecho humano: San Manolo.

Frente al derecho humano, no pueden nunca oponerse conceptos como el de “interés público” o “seguridad nacional”… mucho menos un Alcalde. Ninguno de estos conceptos tienen la fuerza suficiente como para derrotar a un derecho humano. La regla general en todas las situaciones en las que se pretenda enfrentar al derecho humano vs el derecho colectivo, siempre primará el derecho humano. Por eso me llama la atención que se impusiera la lisonja ante tal derecho. Es por este actuar de los fieles seguidores de San Manolo ante ambos puntos de acuerdo presentados por un servidor, que me sirvo de citar una frase de Don Quijote, muy ad hoc a los momentos que hemos vivido las últimas semanas en el Congreso: “yo quiero que sepas, Sancho, que si llegase a oídos de los príncipes la verdad desnuda, sin los vestidos de la lisonja, otros tiempos correrían”.

La opacidad en la función pública y la simulación hacen daño y mucho, espero que el alcalde o su contraloría (cualquiera de las 2, la ciudadana o la oficial) puedan darnos razón de los casos de nepotismo lo antes posible y a su vez prender la veladora, para que el fiscal Anticorrupción dé seguimiento. Respecto al tema de seguridad, que quede claro, la seguridad es un tema que nos preocupa a todos, pero nos debe ocupar con seriedad y con el compromiso que la situación amerita, no violentando los derechos de todas y todos. Ya lo dijo el gobernador de Coahuila, el derecho humano es agenda de Estado de primer nivel. Espero y el alcalde pronto pueda enderezar el rumbo, creo que tiene madera, pero el amor incondicional de sus seguidores mal cría y San Manolo puede volverse un niño malcriado. Al tiempo…
Imprimir
COMENTARIOS


6

  • 8 9
  • 7
1
3 4
5 6 7 8 9 60 61 62 63 64 65