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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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14 Junio 2019 03:59:00
¿Será por eso?
Si bien es cierto, la actual administración estatal heredó una crisis de los gobiernos anteriores, en materia de administración de justicia, como también lo es, que esta crisis ha venido agudizando en los últimos días.

Sin duda, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en nuestro estado sabe que se tienen que hacer muchísimas cosas para tener un auténtico estado de derecho y que es necesario resolver estos problemas de manera inmediata.

Así pues, la falta de eficacia en la impartición de justicia en Coahuila no es un asunto menor, y mucho menos si tomamos en cuenta que el escenario en que se desenvuelve esta crisis del Poder Judicial, es bastante adverso, y me refiero a las condiciones políticas que imperan en el estado y en nuestra nación.

Lo anterior viene al caso, dado que, a partir de que López Obrador ganó la elección, el primer conflicto que surgió lo fue el del Ejecutivo contra el Judicial, desde entonces, la administración de justicia en todas las materias se puso en riesgo. Y es que para nadie es oculto que los estados de ánimo de quienes imparten justicia en nuestra nación, siempre se encuentran reflejados en las resoluciones que dictan a favor o en contra de los gobernados, lo anterior gracias a la diversidad de criterios consagrados en jurisprudencias y tesis relevantes en nuestro derecho positivo.

Para quien dude de lo anterior, debo recordarle que, si bien los poderes Legislativo y Ejecutivo, pueden emitir normas de carácter general, corresponde al Poder Judicial interpretar las mismas. En muchas ocasiones, de la interpretación dependerá la validez de las decisiones fundamentales del gobernante. Entonces, el Poder Judicial se convierte en el órgano de control más importante. Responsabilidad que recae en los jueces, magistrados o ministros, según su competencia, los cuales dictan sentencias que confirman o invalidan decisiones de los otros órganos de autoridad.

Pero también, de esta manera, los juzgadores resuelven las diferencias entre particulares, y por ende en toda la sociedad. Así pues sus decisiones tienen, sin duda, implicaciones y consecuencias sociales, políticas y económicas bastantes considerables.

Pensemos entonces, por ejemplo, en la decisión de un juzgador que se siente molesto con el modelo político actual o con el gobernante en turno, el cual conoce de los alcances de sus decisiones en materia de amparo; o en las implicaciones de sus sentencias en los casos de acciones de inconstitucionalidad en todos los ámbitos; o en sus resoluciones o controversias constitucionales sobre los derechos de los particulares; o sobre decisiones de los tribunales laborales, civiles o mercantiles.

En esos y en muchos temas más, las decisiones judiciales poseen consecuencias de enorme alcance político y social, ya que se puede afectar directamente con estas decisiones al ciudadano común, con la finalidad de que se sienta incómodo o molesto con el estado y sus gobernantes.

Entonces, ¿será por eso, qué en materia de impartición de justicia estamos tan mal? En el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, México aparece en el penosísimo sitio 100 de 113 en la falta de eficacia en los sistemas establecidos, para que la gente común y corriente pueda resolver sus conflictos de manera pacífica y eficaz en tribunales de justicia civil. ¡Es solo una pregunta!
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