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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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20 Marzo 2019 03:16:00
¿Sistemitas locales?
El 14 de julio de 2017 en Coahuila fue publicada la Ley del Sistema Anticorrupción, que dio origen al Sistema Estatal que coordina esfuerzos entre sociedad y Gobierno para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en la entidad.

Coahuila es uno de los estados con mayor avance en el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas para que instancias encargadas de controlar y sancionar irregularidades de este tipo, logren el objetivo de disminuir la impunidad.

No es discurso vano o estéril, ni es gasto inútil para echar a andar el Sistema en su conjunto, para dar cumplimiento al ordenamiento federal que obliga a los 32 estados.

No se trata de desmantelar lo que ya hecho solo porque el Gobierno que lo impulsó no es del mismo color.

Y tal parece que sería la ruta de la Presidencia de la República, al menos es la señal enviada a los consejos y comités estatales anticorrupción o “sistemitas locales”, como les llamó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en una entrevista para un diario nacional.

Los mensajes comenzaron a llegar. El 3 de octubre de 2018, cuando la ahora integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) dijo a la reportera Ariadna Ortega, de ADN Político, que la propuesta para el Sistema Nacional iría encaminada a proponer una revisión a profundidad del modelo de designación de las cabezas institucionales del Sistema, para asegurar verdadera independencia política y jurídica. Y eso está bien, por el tema de la regulación en las designaciones que ello implica.

El 18 de diciembre, en el portal de noticias Televisa News y durante la presentación de la Propuesta de Política Nacional Anticorrupción, Sandoval Ballesteros dijo que el Sistema Anticorrupción carece de una real coordinación.

Por lo cual, advirtió, se corre el riesgo de que se convierta en un aparato burocrático, en un “elefante blanco”.

Y este fin de semana remató: “para que no sean ‘sistemitas’ locales anticorrupción, onerosos, burocráticos y que nada más estén emulando un sistema nacional, el SNA tendría que haberse diseñado con el espíritu federalista que nos caracteriza en la Constitución”.

El Sistema Nacional puede necesitar reformas o el otorgamiento de mayores facultades, especialmente para el Comité de Participación Ciudadana y sus pares en el país. Pero por qué mejor no impulsar una ruta que permita colaborar con los estados que no han configurado sus sistemas locales. Por qué no incidir en cambios, para incluir al SAT, o la Comisión Nacional Bancaria en el Comité Coordinador.

Por qué no apoyar el nuevo formato para la rendición de declaración patrimonial que podría mejorar el cruce de información que reportan servidores públicos, para quizá detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito en lugar de ver a los “sistemitas locales”, sin avances y a la deriva, sin tomar en cuenta el trabajo y lo que ya se tiene en entidades donde va en serio la lucha contra la corrupción.
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