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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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19 Mayo 2019 04:00:00
Slim y la planeación de largo plazo
En la XXV Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, el ingeniero Carlos Slim afirmó que la sociedad está harta de que hayan pasado ya muchos años sin que pase nada, lo que atribuyó a la falta de planeación a largo plazo de los gobiernos.

Es una pena que ese acontecimiento solo se vea como una nota relevante y se presente sin más análisis referencial de la postura de un hombre tan influyente como es él, no solo en el ámbito empresarial, sino también en el político.

La sola existencia del foro, muy a tono con los mecanismos de operación del poder en las inéditas condiciones que ofrece la globalidad, es ya significativa; paso por alto aquí las significaciones que a mi juicio ofrece, para evitar vías de distracción.

Me concentro en los elementos esenciales de la declaración del señor Slim: la sociedad está harta, porque las cosas no han cambiado, y eso de debe a la falta de planeación a largo plazo de los gobiernos.

Yo creo, respecto de la primera aseveración, que la gente está harta de que las cosas no hayan cambiado para bien, porque para mal ¡vaya que ha habido cambios! A ese hartazgo, me parece, habría que agregar, por eso, la indignación.

La afirmación de que falta de planeación a largo plazo, como causa de que las cosas no mejoren para los más (aunque para unos pocos inmoralmente privilegiados sexenalmente sí haya existido bonanza), es correcta, pero requiere, a mi juicio, de algunas precisiones.

En primer lugar, esa planeación no podrá hacerse mientras se pretenda que es una responsabilidad del “gobierno”, y menos aun cuando a este se le identifica, en craso error, con el Poder Ejecutivo. En todo caso, la convergencia en la planeación y ejecución de acciones deberá responder a criterios claros y perdurables, no a la arbitrariedad pasajera.

Es imposible acceder a una “visión de estado que trascienda los sexenios presidenciales -ineludible para dar cabida al plazo largo- si se pierde de vista que en el “estado de derecho” el poder público es solo un elemento y que su actuación está sujeta a la ley -en sentido amplio- y no a la inversa.

En rigor, se trata, como lo han definido tradicionalmente los juristas anglosajones, del “gobierno de la Ley, no de los hombres”.

Es imprescindible, para ello, contar con una constitución que de verdad sea suprema y primera; no inmutable, pero sí rígida, para dotar de una base firme y suficientemente duradera para que todo mundo sepa a que atenerse perdurablemente y pueda verse el horizonte de planeación con la claridad suficiente para poder definir y poner en práctica sus estrategias en el espacio que a cada uno corresponde.

Es un problema de cultura, sí, pero también de razonamiento. En los últimos veinte años, las enmiendas constitucionales se han sucedido vertiginosamente, sin mucha reflexión -me temo- y dando lugar no solo a contradicciones, frivolidades e inadecuaciones técnicas (leves y graves), sino con un efecto adverso a las mejoras que se requieren, con consecuencias aun más perniciosas para la vida social en general, por la función estructural que el derecho tiene sobre ella y todas las facetas que presenta.

Hablar de “estado de derecho” no es hablar de normas jurídicas, es hablar de estructuras firmes, sólidas, flexibles sin ser laxas, que permitan una previsión de horizonte profundo y doten a la vida social, en suma, de “reglas de juego” que sean claras y en las que se pueda confiar, desterrando la zozobra de la incertidumbre.

Mientras eso no ocurra, este país -y cualquiera en tales condiciones- estará condenado al capricho de las veleidades que dicte la voluntad del “dueño” en turno del poder público y, con ello, al fracaso en la construcción de su identidad y de su propio futuro.
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