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Jesús González Schmal
Jesús González Schmal
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04 Octubre 2008 04:01:00
Tlatelolco, Atenco y Oaxaca
Los crímenes de lesa humanidad, como lo fueron los del 2 de octubre de 1968, no pueden quedar impunes a riesgo de que se repitan (sucedieron otra vez en 1971, acaecieron y siguen presentes en Actopan y Oaxaca) y de que la conciencia nacional cargue con una deuda que le impide encontrarse consigo misma, traduciéndose en frustración y falta de solidaridad con lo comunitario y lo patriótico. Tal es la enfermedad política que atrasa a un país en el compromiso hacía un desarrollo compartido y sólido, sin límites generacionales.

Vicente Fox en su campaña ofreció justicia en Tlatelolco. Esta como tantas ofertas fue burlada porque, en vez de un “tribunal de la verdad” como instancia social que se proponía para profundizar la investigación de los hechos, y de accionar las instancias judiciales procedentes a partir de los tratados internacionales creados para este tipo de genocidios, la implementación que dio el foxismo fue una fiscalía especializada dependiente de la Procuraduría General de la República, que si bien llegó hasta donde pudo, y logró brincar el valladar de la supuesta prescripción urdida desde su inicial propósito para sólo cubrir las apariencias, lo cierto es que al final de cuentas dejó grandes dudas e insatisfacciones.

Todavía hoy, la propia fiscalía es objeto de revanchas de quienes fueron indiciados y hasta arraigados en los procesos de investigación y, en vez de sentirse salvados por la casualidad ahora, como es el caso de los descendientes del capitán Luis de la Barreda de la Dirección Federal de Seguridad, arremeten contra el fiscal por haberse atrevido a imputarle responsabilidades en los operativos que comandaba (ni una milésima del sufrimiento de las víctimas puede equivaler a un inocuo arraigo temporal).

Igual actitud asume el ex presidente Luis Echeverría, quien ahora dice no haber estado enterado de lo que Gustavo Díaz Ordaz le ordenó al Ejército para la Operación Galeana, ni tener memoria de lo ocurrido aquel Jueves de Corpus en el que los Halcones masacraron a normalistas y politécnicos.

Otra vez, entonces, la nación en manos de sus gobernantes está impedida para castigar a sus enemigos así haya sido porque éstos, como es común, actúan extraviados por la droga del poder y, sin freno alguno, se comportan como locos poseídos de una compulsión.

La marcha multitudinaria del jueves 2 de octubre en la capital de la República y en muchas ciudades del interior registra la memoria histórica clara del origen de nuestras decadencias políticas, que se producen por la permisibilidad autoritaria del poder para llegar hasta disponer de la vida de los ciudadanos disidentes o desaparecerlos para no ser incomodados por éstos.

Nadie puede sentirse engañado: a 40 años de distancia, los hechos se seguirán repitiendo si no contenemos la inercia perversa del abuso y la represión como recurso del poder. A 92 años de existencia, EL UNIVERSAL tomó la delantera en la información conmemorativa del aciago suceso.

Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM
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