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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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05 Abril 2019 03:09:00
Tormenta política
Doce años de campaña por la Presidencia le permitieron a Andrés Manuel López Obrador identificar los problemas y diseñar nuevas estrategias. En cada región escuchó a grupos sin acceso a los despachos gubernamentales, siempre abiertos a los factores de poder, sobre todo económico, cuya influencia les permitió incidir en la toma de decisiones y obtener recursos presupuestarios en detrimento de los sectores más necesitados.

Un caso paradigmático fue el donativo por 120 millones de pesos que el Gobierno de Humberto Moreira, sin autorización del Congreso, otorgó a los dueños del equipo Santos y del nuevo estadio. Dinero de los contribuyentes a negocios privados para comprar aplausos.

Uno de los distintivos de la Cuarta Transformación “será la separación del poder económico y del poder político”, dijo el Presidente en su discurso inaugural. “El Gobierno –advirtió– ya no será un simple facilitador para el saqueo (…) no va a ser un comité de servicio de una mayoría rapaz. Representará a ricos y pobres (…) al margen de ideologías (…) o posición socioeconómica. Habrá un auténtico estado de derecho (…) al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

Hasta el sexenio pasado, las elites tuvieron derecho de picaporte en Los Pinos; en los estados, todavía lo conservan. “El poder político y el poder económico –apuntó López Obrador en su toma de posesión– se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como “modus operandi” el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación”. En el sexenio de Salinas, la privatización de bancos y paraestatales favoreció a políticos y empresarios amigos del Presidente.

En 2013, Peña Nieto recompró en 3 mil 575 millones de pesos la planta Agro Nitrogenados, casi ocho veces por encima del importe que el gobierno de Salinas obtuvo por su venta al Grupo Servicor, en 1992, entre cuyos socios figuraba el entonces gobernador Rogelio Montemayor. Servicor traspasó el complejo a Altos Hornos de México, y Pemex lo adquirió en 2014, convertido en chatarra. La operación, a toda luz irregular, ya es investigada por la Fiscalía General de la República.

El 25 de marzo, en Tabasco, López Obrador apuntó hacia otro grupo de poder de Coahuila. Sin mencionar a Lala ni a otras firmas del ramo por su nombre, el Presidente anunció la creación de una cuenca lechera en el sureste “porque ya no se puede seguir produciendo la leche en las zonas desérticas donde no hay agua”. Las reacciones fueron inmediatas. El tema confrontó al gobernador Miguel Riquelme con el delegado federal Reyes Flores. Es la clásica tormenta en un vaso de agua. Nada impide proyectar otras cuencas, pero una industria láctea altamente tecnificada como la de La Laguna, no desaparecerá por voluntad presidencial. Tampoco pueden desarrollarse otras por decreto o por consulta.

El sector tiene partidarios y detractores, según sus efectos en la economía regional y el medio ambiente. El debate debe ser sobre los problemas derivados de la sobreexplotación del acuífero (hidroarsenicismo) y los desechos de los hatos (contaminación del aire y del suelo). Y a partir del diagnóstico, trazar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Es preciso determinar si la industria puede crecer aún más en La Laguna o si ya llegó a su límite, reducir la extracción, recargar los mantos freáticos y combatir la corrupción en Conagua. Pero, sobre todo, pensar en el bien común.
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