×
Columnista Invitado
Columnista Invitado
ver +

" Comentar Imprimir
06 Octubre 2019 04:01:00
Un año después
Por Gerardo Blanco:

Hace un año, en la columna titulada Pasado y Presente de la Disolución Social (7 de octubre de 2018), abordé el tema de la iniciativa ciudadana que presentó, ante el Congreso del Estado, el joven Daniel Saldívar, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, con el fin de reformar el Artículo 319 del Código Penal del Estado.

La referida disposición penal, dijimos entonces, vulnera los derechos humanos de asociación, reunión y libertad de expresión, por coartar el derecho de los ciudadanos coahuilenses a manifestarse pacífica y libremente, al establecer que una manifestación pública que afecte la “libertad deambulatoria” de los ciudadanos, constituye un delito de carácter penal. Una disposición propia de los gobiernos autoritarios.

Sin embargo, la citada iniciativa ciudadana, que el 2 de octubre cumplió un año de haberse presentado en la Oficialía de Partes del Congreso coahuilense, no ha sido dictaminada por las y los diputados en el Pleno del órgano legislativo, ya que solo se han limitado a notificarle al promovente que su iniciativa cumplió con los requisitos de forma previstos en la legislación –presentarse por escrito; dirigirse a la autoridad competente; presentarse con exposición de motivos y proyecto de articulado; señalar un domicilio, así como nombre y firma– hecho que les ocupó cerca de cinco meses, cuando bien pueden verificarse en un par de horas.

Las iniciativas ciudadanas, como mecanismo de la democracia participativa, son un instrumento para que los ciudadanos ejerzan un papel activo y relevante en la confección normativa. Son un espacio de participación ciudadana que funciona como contrapeso o formas de corrección de los sistemas de partidos, cuando estos evitan poner la mirada es los asuntos que atañen al interés colectivo. Como escribió Giovanni Sartori, estos mecanismos tiene como objeto ampliar la participación ciudadana en el Gobierno de la comunidad con el deseo no solo de acercar el Gobierno a los ciudadanos y profundizar en los derechos de los mismos a la participación política, sino también con la voluntad de controlar mejor a los gobernantes, de someterlos, mediante dichos instrumentos de participación popular, a un mayor transparencia y a un control más severo por parte de la ciudadanía.

En el ámbito local, la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila, define la iniciativa popular como “el derecho de los ciudadanos coahuilenses y de los que sin serlo acrediten haber residido en el Estado por más de tres años para iniciar leyes, decretos, reglamentos o normas administrativas de carácter general”.

El desencanto ciudadano con los partidos políticos por la falta de representatividad y de resultados tangibles que se traduzcan en beneficios sociales, ha orillado a que los ciudadanía tomen acciones para contribuir en la adopción de mejores decisiones. Así lo explica el reconocido jurista argentino Daniel Zovatto, cuando señala que en tiempos como los actuales, en que los parlamentos y los partidos no gozan de confianza ante la opinión pública, los mecanismos de participación ciudadana son vistos por ciertos sectores como una opción válida para mejorar la representación, incrementar la participación y mantener la estabilidad de los sistemas políticos.

Nuevamente, el pasado 2 de octubre, un año después de haber presentado su iniciativa, el joven Saldívar se apersonó en el Congreso del Estado con el fin de presentar otra iniciativa ciudadana. Esta, apegada al descontento que le provocó su experiencia primigenia, busca reformar diversos artículos del Ley Orgánica del Congreso y de la Ley de Participación Ciudadana, para efectos de que se establezcan plazos ciertos que obliguen al Pleno del Poder Legislativo local, dictaminar las iniciativas populares. De lo contrario, como sucede en este caso concreto, los legisladores estatales “congelan” dichas iniciativas, tornando ineficaz e inútil este derecho político de las y los ciudadanos.

Esperemos que, a la brevedad posible, la Legislatura estatal atienda esta y otras iniciativas con el fin de hacer efectiva la participación ciudadana de los coahuilenses; ya que, de no ser así, se deberá recurrir a instancias jurisdiccionales para que le ordenen a ello.







Imprimir
COMENTARIOS


6

  • 8 9
  • 7
1
3 4
5 6 7 8 9 60 61 62 63 64 65