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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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24 Noviembre 2019 04:00:00
Una piedra en el camino
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El afán de imponer a la cabeza de la CNDH a un elemento que fuera incondicional del presidente AMLO y que tuviera a la vez un valor simbólico para afianzar su ascendiente en el sector de la población que constituye su núcleo duro, llevó a designar atropelladamente a la señora Rosario Piedra Ibarra, a pesar de estar impedida porque forma parte del Consejo Nacional de MORENA y es, por lo tanto, dirigente de ese partido.

El proceso, como se pudo ver con claridad diáfana, fue a todas luces desaseado, una muestra patente del desapego a las normas y la falta de respeto por las instituciones.

Las reacciones no se hicieron esperar: renunciaron al Consejo Consultivo de la CNDH cinco de sus integrantes; varias organizaciones de la sociedad civil manifestaron su inconformidad y hasta la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo al respecto un severo posicionamiento: el proceso, dijo, “estuvo marcado por un ambiente de polarización, dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidata, a quien se tomó protesta y cuestionamientos respecto a si en la tercera votación se alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución”.

Esa oficina de la ONU dijo además que la CNDH debe jugar un rol en la construcción de un estado de derecho democrático y para ello necesita “plena independencia y legitimidad”, razón por la cual el proceso de designación de su titular debe ser “particularmente escrupuloso, objetivo, transparente y certero”, agregando que hay que evitar “cualquier tipo de cuestionamiento que afecte la legitimidad de la persona a quien se designa, de la institución cuya cabeza se nombra y de quien hace la elección respectiva”.

Por si eso fuera poco, se hizo evidente que la nueva presidenta no contaba con el consenso necesario entre los senadores; también que, por su activa militancia partidaria y sus propios antecedentes familiares y políticos, se configuran condiciones que, por decir lo menos, ponen en entredicho su imparcialidad e independencia, y también han hecho que se cuestione la autoridad moral necesaria para sustentar sus recomendaciones futuras y la exigencia del cumplimiento de las que están en curso.

En el sector gubernamental, la oposición llegó al grado de que el gobernador de Querétaro, que encabeza a los gobernadores panistas, anticipó que no reconoce, por esas razones, la legitimidad de la elección, que afecta también la de las recomendaciones que emita en esas condiciones la CNDH, y por lo tanto no serán aceptadas.

Mal empieza la semana quien es ahorcado en lunes, dice el refrán, y la verdad es que no parece un buen comienzo para una función que, en un elevado porcentaje, descansa en la independencia de criterio y la autoridad moral que su ejercicio exige.

A pesar de todo y con ser muy serio todo eso, no es el peor escenario posible, porque es bien sabido que en la mente del presidente se ha arraigado la idea de transformar a la CNDH, en una “defensoría del pueblo” dotada, a diferencia del actual organismo, de facultades para hacer coercibles sus determinaciones.

Lo de menos es que eso desvirtuaría la naturaleza del organismo, que fue diseñado y responde al modelo sugerido por los “Principios de París”, sino que, a cargo de una persona incondicional de quien es depositario del Poder Ejecutivo, es natural que se tema que su función de control se ejerza con parcialidad y se convierta, en cambio, en un instrumento de gestión política, al enfilar sus acciones conforme a los objetivos del depositario del poder ejecutivo y, más aún, cubra sus fallos y los de sus colaboradores en la esencial tarea de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

¿Se imaginan ustedes el potencial de una institución tal, con capacidad sancionadora, respecto de quienes sean considerados opositores o enemigos del régimen? El camino de los derechos humanos enfrentaría obstáculos nuevos y hasta podría convertirse en instrumento que contrarrestara su avance.
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