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Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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10 Octubre 2018 04:05:00
Volver a los agravios
El lunes estuve en la presentación de un libro, aquí en Saltillo, donde uno de los ponentes hizo una reflexión que me dejó preocupada, pues desde mi óptica la protección a los defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, etcétera, debería ser prioritaria en la política nacional, en los planes, presupuestos y proyectos de la administración federal que entrará en funciones el 1 de diciembre. Porque definitivamente esta administración federal que está por terminar, dejará una larga lista de pendientes en materia de garantías individuales de los mexicanos.

La reflexión se inició cuando se comenzó a hablar del derecho a la libre expresión, de la protección a los periodistas que sigue acotada por las decisiones del Estado, cuyos protocolos de seguridad y garantías son incipientes para quienes generan contenidos, reportean, fotografían, documentan o trabajan en los medios de comunicación.

Quienes han vivido situaciones de crisis, privación ilegal de la libertad, o agravios por el simple hecho de escribir, de reportear la nota diaria, saben que el apoyo llega a cuentagotas, o simplemente nunca llega la protección a los hogares donde se viven eventos dolorosos, porque uno de sus integrantes tuvo la idea de dedicarse al periodismo.

Este tema lo menciono porque ahí mismo, en la presentación de este libro, escuché lo que el martes fue nota de portada en algunos diarios bajo este encabezado: “CNDH demanda recursos para mecanismos en favor de periodistas”. Y es que en un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que solicitó medidas cautelares a favor de 727 personas beneficiadas y amparadas por el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Algunos oficios fueron enviados a la Secretaría de Gobernación y de Hacienda, para impedir que el ajuste presupuestal, disminuya el recurso financiero destinado para garantizar la seguridad y las garantías de los defensores de derechos humanos y periodistas. La exigencia de la CNDH es que se asignen los 75 millones de pesos para mantener estos protocolos en el país.

La libre expresión es un derecho indispensable en una sociedad democrática y justa, donde todas las voces pueden y deben ser escuchadas. Donde los medios de comunicación, los periodistas independientes y la información que se produce en el día a día, permiten generar opinión pública, incidir en las políticas de Gobierno y en la educación de las personas.

Grave, muy grave que el Gobierno federal le apueste al recorte del recurso económico en una clara afrenta contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas. El fenómeno de la violencia no ha frenado nunca el ejercicio de la libre expresión, sin embargo, nadie puede escribir o hacer lo que más le apasiona, como la labor de informar, bajo condiciones como las que propone el Estado Mexicano. ¿Es justo?, ¡claro que no!
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