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Federico Muller
Federico Muller
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05 Abril 2019 03:42:00
Zonas económicas especiales
Uno de los quehaceres ineludibles del Gobierno mexicano es impulsar el crecimiento económico en las regiones marginadas del país.

Existen diferentes instrumentos que puede utilizar, como la formulación de políticas regionales, las cuales tratan de mejorar las condiciones económicas de las familias afincadas en esos espacios territoriales y disminuir las disparidades entre regiones.

Los especialistas en economía regional han planteado la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), las cuales reciben un tratamiento diferenciado por parte del Gobierno con respecto a otras áreas.

En el caso de México, el Congreso aprobó la ley que delimita qué áreas geográficas del país pueden considerarse como ZEE, entre las que se pueden mencionar aquellas que se localicen en uno de los 10 estados del país con más alta marginación; se desarrollen en un espacio estratégico, que permita su intercomunicación con los mercados del resto del país o internacionales; reciban inversiones que traten de aprovechar sus potenciales ventajas comparativas y se asienten en municipios que tengan una población de entre 50 mil y 500 mil habitantes.

Cabe decir que las condiciones establecidas corresponden y han sido congruentes con lo que señalan las diversas teorías de desarrollo regional.

Para detonar el desarrollo de las actividades económicas, es requisito la inversión pública o privada, sin la cual es imposible sacar de la pobreza a millones de mexicanos; la generación de empleos y el aumento de la demanda se logran con la llegada de capitales.

El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, apoyaría ofreciendo la disminución de impuestos, en particular el de la renta -durante los  primeros 10 años las empresas estarían exentas de pagarlo-, además de rebajas en las cuotas patronales al IMSS por un tiempo perentorio, así como la condonación, o mejor dicho tasa cero, del Impuesto al Valor Agregado a los bienes y servicios que adquieran las compañías residentes en las zonas constituidas.

Un argumento más que puede utilizarse, al menos académicamente, para respaldar el establecimiento de ZEE lo da el Banco de México en un estudio que realizó, en el cual encontró una relación negativa entre pobreza y complejidad económica, la cual se representa por el número y la magnitud de las interacciones económicas que se dan: es decir, en las regiones con más pobreza, se observa un raquítico crecimiento económico, algo que puede ser obvio para el lector, pero los especialistas de Banxico lo muestran mediante un modelo econométrico.

En la Administración federal anterior se propusieron siete ZEE, entre ellas Dos Bocas y Coatzacoalcos.

Se quiere pensar que las propuestas surgieron de estudios serios sobre su factibilidad y potencial disponibilidad económica, no fueron ocurrencias o puntadas de los funcionarios federales anteriores.

No obstante, en el Gobierno federal actual se quiere echar abajo esa iniciativa. Las razones que se esgrimen son contrarias, al menos desde mi punto de vista, a las teorías económicas que han sido usadas en otras partes del mundo para la creación de ZEE exitosas.

Un funcionario de la SHCP dijo a la prensa que las ZEE, como están proyectadas, impiden el desarrollo económico porque compiten entre sí las entidades federativas y no hay ingresos suficientes para el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Afirmó que el desarrollo se debe concentrar en una o dos zonas, y citó el ejemplo del Istmo de Tehuantepec, proyecto que concentra las inversiones en una franja del país.

Quizá el trasfondo de los argumentos técnicos que presenta el funcionario de Hacienda encubra los verdaderos motivos de la cancelación del proyecto de las siete ZEE, y se deban a cuestiones de orden presupuestal y político.

Los ingresos que está recabando el Gobierno no eran lo que se esperaba, y muy probablemente en el corto plazo haya un recorte presupuestal.

Hasta ahora se están dando cuenta de que los ahorros logrados en recorte de plazas federales, reducción de sueldos a los funcionarios y los recursos que se obtienen de combatir la corrupción no están siendo suficientes para impulsar la inversión pública.

Y mientras la prioridad sea repartir dinero en programas a fondos perdidos y malgastar los recursos públicos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, los mexicanos seguiremos esperando la realización de obra pública.
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