Al margen de los desencuentros de sus dirigencias nacionales, los partidos de oposición en Coahuila dieron pasos en firme la semana pasada para amarrar una alianza de cara a los procesos del próximo año por la gubernatura.

PRI, PAN y PRD saben perfectamente que no podrán ganar las elecciones si no es a través de un bloque opositor. La única manera de enfrentar a la maquinaria de Morena y de la cuarta transformación es uniendo fuerzas.

De ahí los recientes pronunciamientos explícitos de sus dirigentes locales sobre la necesidad de explorar cuanto antes la conformación de un bloque para dar la pelea por la gubernatura.

De hecho, el PRI y el PAN sellaron el martes el compromiso tácito de una alianza al aprobar en el Congreso del Estado una reforma constitucional para permitir la integración de gobiernos de coalición.

La reforma es relevante. Por principio, dice mucho sobre la nueva realidad política de Coahuila: se acabaron los días del carro completo, del partido único y de la presencia avasalladora del PRI. Parecería increíble, pero si el partido dominante en Coahuila quiere sobrevivir a los nuevos tiempos, deberá hacerlo de la mano de otras fuerzas políticas con intereses comunes.

Plantear gobiernos de coalición subraya la intención de que una alianza de partidos vaya más allá de una coyuntura electoral e intente caminar sobre un proyecto de administración pública a partir de bases legales. Modelos así aspiran a garantizar la representación de los partidos en carteras del gabinete, áreas de gobierno y cargos de instituciones y organismos públicos.

Los cambios constitucionales aprobados pretenden que una alianza no quede en un mero frente de reacción, sino que, en el caso de una victoria electoral, se abra paso a un esquema plural que dé certeza jurídica y representatividad a las fuerzas coaligadas.

Aunque la integración de una coalición nunca será fácil y nada puede garantizar la existencia de jaloneos, discrepancias y hasta rupturas, el experimento por sí mismo habla de la voluntad de los partidos de oposición para diseñar nuevas formas de gobierno.

De acuerdo con la reforma aprobada el martes, un gobierno de coalición deberá estar precedido por bases y acuerdos estipulados en convenios legales suscritos por los partidos participantes. De esa manera se intenta garantizar su viabilidad.

¿Funcionarán esos convenios en un mundo de personalidades, egos e intereses? Nadie podrá saberlo a ciencia cierta hasta que operen en la realpolitik; es decir, cuando las estrategias, ideologías e intereses aterricen en las pistas del pragmatismo, la ejecución política y la lucha de poderes.

La iniciativa fue presentada por las diputadas del PAN Mayra Valdés y Luz Natalia Virgil, pero los 16 legisladores del PRI la acogieron como propia para dar un mensaje conjunto: la alianza de oposición va.

La reforma implica reconocer la nueva “normalidad” política—el autoritarismo, el acoso y la autocracia— impuesta desde Palacio Nacional y, a la vez, constituye una respuesta para buscar desde la oposición nuevas formas de participar y construir mayorías y diseños alternos de gobierno.

Las alianzas electorales y los gobiernos de coalición requieren madurez y voluntad para dialogar, negociar, pactar y, sobre todo, ceder. Veremos dónde se sitúan PRI, PAN y PRD frente al desafío más importante de su historia en Coahuila.