Ciudad de México.- Por tercera ocasión en las últimas semanas, por casos distintos, los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral Federal ordenaron a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) la información que le solicite, pues consideraron que en materia de fiscalización no es aplicable el secreto ministerial.

Los magistrados ordenaron la apertura del secreto ministerial al resolver un juicio electoral promovido por el INE en contra de la negativa de la FGR de informar sobre el estado procesal de cuatro casos que datan de 2017, así como copias de certificados de las carpetas de investigación vinculados con esos expedientes de fiscalización abiertos también en el INE .

Aunque no se especificó en la sesión los casos sobre los que pide información el INE, en la cuenta leída se hizo mención de cuatro casos y el expediente difundido en estrados electrónicos tiene fecha de 2017.

Fuentes judiciales confirmaron que la información solicitada por el INE tiene que ver con indagatorias en torno al ex Presidente Enrique Peña Nieto y posibles violaciones electorales.

Algunas de las indagatorias del INE tienen que ver con el caso Odebrecht y acusaciones de financiamiento irregular a la campaña presidencial del entonces candidato del PRI , Peña Nieto.

El INE se ha enfrentado a una reiterada negativa de la FGR a entregarle información sobre sus indagatorias en marcha, argumentando secreto ministerial .

En una resolución similar, hace unas semanas, el TEPJF ordenó también a la Fiscalía Electoral, dependiente de la FGR, entregar información al INE sobre las indagatorias en torno a Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República, y un presunto financiamiento irregular a Morena en 2015.

“ Esta Sala Superior sostuvo las mismas consideraciones al resolver los juicios electorales 262 y 263 de 2021″, señala la resolución.

Los magistrados, por unanimidad y a propuesta del Magistrado ponente Reyes Rodríguez, avalaron la apertura del secreto ministerial.

“ Se propone revocar la negativa y ordenar la entrega de la información y documentación solicitada, ya que el secreto ministerial no es oponible a la facultad fiscalizadora del Instituto, pues (en) una interpretación conjunta de la normatividad aplicable se desprende el principio de colaboración entre las autoridades, la facultad fiscalizadora del Instituto y el deber de proteger la información y de utilizarla para los fines estrictamente necesarios”, señala la sentencia aprobada.