Ciudad de México.- En un caso de la Estafa Maestra, un juez ordenó cancelar un proceso abierto a Marco Antonio García Castro, Oficial Mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores en tiempos de Claudia Ruiz Massieu, por un convenio de asesorías supuestamente ilegal en el que se pagaron 19.4 millones de pesos a la Universidad Tecnológica de Campeche (UTC).

Guillermo Francisco Urbina Tanús, Juez Decimotercero de Distrito de Amparo en la Ciudad de México, instruyó al Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna anular el proceso iniciado al ex funcionario y cuatro de sus subordinados por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Además del ex Oficial Mayor, el juez también anuló el proceso a Héctor Faya Rodríguez, ex director General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales; y José Alejandro Villaseñor Valerio, ex director General Adjunto de Adquisiciones y Control de Bienes.

También a María de Lourdes González Arechavaleta, ex directora de Servicios Generales, y Adriana Julián Nava, ex coordinadora Administrativa de la Oficialía Mayor.

De acuerdo con la sentencia, Delgadillo modificó los hechos para procesar a los ex funcionarios, pues la FGR los imputó de realizar autorizaciones ilícitas de contenido económico y el juez los vinculó a procedimiento porque no se percataron que la UTC carecía de facultades legales para ser proveedor de la Cancillería.

“El juez de origen, para estimar actualizado el delito de referencia, varió los hechos expuestos por la fiscalía, en tanto que no fue materia de imputación que la UTC no contaba con facultades para ser proveedor de la SRE, conforme al contrato y convenio celebrados”, dijo Urbina Tanús.

“ Tampoco lo fue la circunstancia atinente a que la persona perteneciente a dicha casa de estudios, quien suscribió esos convenios, no tenía autorización para ello”.

El fallo de Urbina ya fue impugnado y será un tribunal colegiado el que resuelva en última instancia este litigio.

Si el tribunal confirma la sentencia, el caso volverá al juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, para que convoque a una audiencia y, sin debate de por medio, dicte la no vinculación a proceso de los ex funcionarios.

Contrato

Este caso está relacionada con un convenio del 15 de julio de 2016 por el que inicialmente la SRE pagó a la UTC una suma de 12 millones 160 mil pesos, por un servicio de consultoría para sus “procesos y subprocesos del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.

El 15 de septiembre del mismo año se suscribió una modificación que aumentó su valor en 7 millones 293 mil 103.45, lo que significó que al final la Cancillería pagara un total de 19 millones 453 mil 103.45 pesos.

A grandes rasgos, se trataba de que la universidad elaborara y echara a andar en la SRE un “modelo de control de contratos de prestación de servicios” y aplicar su metodología a cada procedimiento de adquisición.

La Fiscalía imputó a los ex funcionarios de autorizar ilícitamente la adjudicación directa y las erogaciones de este contrato, contraviniendo la Ley de Adquisiciones.

No incluyeron en el convenio un dictamen que dijera que la SRE no contaba con personal para realizar los servicios adquiridos y lo firmaron sin verificar que existieran trabajos similares sobre la materia, requisitos exigidos por la citada norma.

Curiosamente, la FGR les reprochó que contrataran la opción más barata, porque “el artículo 134 Constitucional, tercer párrafo, no establece que el precio sea la única forma en que se deba preferir a determinado ente para una contratación”.

La Secretaría de la Función Pública auditó este convenio al concluir la gestión de Claudia Ruiz Massieu y desde entonces observó probables irregularidades como lo son pagos sin actas de entrega y falta de comprobación de 11 conceptos del servicio.

“ Adicionalmente. se localizó un escrito sin número del 12 de septiembre de 2016 con el cual la directora de Servicios Generales solicitó a la Universidad su consentimiento para ampliar el monto del convenio en un 59.97 por ciento deI pactado originalmente, en virtud de dar continuidad al servicio especializado vigente”, dice la auditoría 18/2017.

“ Tanto en el oficio como en el escrito no se mencionó cómo se determinó el monto que se incrementaría en el convenio modificatorio, no se especificó que etapas y que entregables se estarían pagando con ese monto; tampoco se identificó documentación al respecto en la proporcionada por el área auditada”.