Monclova, Coah.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila ordenó enviar a dos niños, en calidad de inmigrantes indocumentados, a Estados Unidos, de donde huyeron por la violencia familiar que sufrían a manos de su padrastro y de su madre.

El padre de estos, Alfonso Humberto Villarreal Armendáriz, obrero de AHMSA en Monclova, denunció lo anterior y dijo que la Sala Civil del Tribunal Colegiado en Saltillo les negó a sus hijos el derecho a ser oídos y a mantenerse legalmente repatriados en su país.

Los magistrados pretenden “deportar” a los pequeños mexicanos que no tienen documentos de residencia ni de estadía legal en Estados Unidos.

La niña, cuyo nombre no se revela por así establecerlo la ley, hoy tiene 9 años y su hermano 11. El padre explicó que Karen Yamile Valdés Gallegos, su exesposa y madre de los infantes, es inmigrante ilegal en EU.

Niños monclovenses no quieren volver a EU

Ambos padres comparten la patria potestad de los infantes, pero la madre es quien tiene la custodia, nada más en Monclova, de acuerdo con la resolución del divorcio, por lo que tenerlos en el extranjero viola el acuerdo legal firmado ante el juez.

Mientras tanto, autoridades mexicanas dejan en la indefensión a los menores porque les niegan su nacionalidad mexicana al pretender “repatriarlos” a Estados Unidos, para que vivan de manera ilegal como indocumentados con su madre.

Alfonso Villarreal Armendáriz indicó que en un juicio sus hijos le ganaron a su madre para poder quedarse en México, pero los magistrados de Saltillo revocaron la sentencia sin darles la oportunidad a ser escuchados.

Agregó que los amparos tramitados no han cumplido en proteger los derechos y garantías a los niños.

Sobre el juicio para evitar que sus hijos sean deportados, dijo que en el Tribunal Colegiado, en la Sala Civil en Saltillo, el magistrado Daniel Cabello González se negó a escuchar a los pequeños.

Agregó que el abogado Eduardo Reyna Adam fue nombrado por las autoridades judiciales como tutor de los niños desde el primer juicio, pero sólo acudió a una audiencia y no volvió a conocer del caso.

Jueces y magistrados en segundas instancias aplicaron sus criterios de manera errónea, basados en el tratado internacional, como si los infantes fueran ciudadanos americanos, y no por los derechos de los niños, sin ver que en el extranjero carecen de libertades. De acuerdo con las leyes nacionales e internacionales, el interés de los juzgadores debe ser por los derechos y la seguridad de los niños, y no en trámites judiciales que los perjudicarían.