Miami, Florida.–  La jueza federal Kathleen Williams ha ordenado el desmantelamiento del centro de detención migratorio Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami, y ha prohibido la entrada de nuevos migrantes al lugar.

La decisión se da tras una demanda de grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, quienes denunciaron los daños que el centro causa a la zona natural de los Everglades.

La jueza dio un plazo de 60 días para comenzar las acciones de desmantelamiento.

Además, la orden prohíbe cualquier construcción o modificación adicional en el sitio, el cual fue habilitado en un aeropuerto abandonado en julio, tras una visita del presidente Donald Trump.

Una victoria para el medio ambiente

La demanda fue interpuesta por las organizaciones Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, quienes exigían el cierre inmediato del lugar por su impacto en un área natural que alberga 36 especies endémicas amenazadas, como panteras y cocodrilos.

Tras los 60 días estipulados, las autoridades deberán retirar el cerco para permitir el paso a los miembros de la tribu Miccosukee, así como remover la iluminación, las instalaciones de gas y los sistemas de drenaje y desechos.

La orden judicial, sin embargo, no impide la reparación de la infraestructura ya existente.

El congresista demócrata Maxwell Frost, quien había recorrido el centro hace unos días, aseguró que ya solo quedaban 336 migrantes de los casi mil que albergó en semanas anteriores.

Esto, dijo, “parece que el mismo estado entiende que le podrían ordenar cerrar esto”.

Un conflicto que no termina

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, y su fiscal general, James Uthmeier, han cuestionado la legitimidad de la jueza, quien fue nominada por el expresidente Barack Obama. Ante la resolución, se espera que la batalla judicial continúe, ya que han prometido combatir los eventuales fallos.

El cierre de este centro es una victoria para los ambientalistas, pero la lucha por los derechos de los migrantes continúa en un proceso judicial separado, liderado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que denuncia violaciones a los derechos humanos de los migrantes detenidos en el lugar.