Ciudad de México.- Un tribunal federal ordenó resolver de nueva cuenta si debe o no ser librada la orden de aprehensión contra la hermana y un cuñado de José Luis Abarca, por presuntamente formar parte de la organización criminal Guerreros Unidos y lavar dinero en la compra de 31 inmuebles.

Por unanimidad, el Quinto Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México confirmó el amparo de primera instancia otorgado a Rosalía Abarca Velázquez y su marido Cirilo Lara Brito, que instruye al juez de la causa dejar sin efecto el mandamiento de captura y reponer el procedimiento.

Los magistrados del colegiado concluyeron que ninguno de los argumentos (agravios) presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) son fundados y operantes para revocar la sentencia de Rosa Montaño Martínez, juez Décimo Quinto de Distrito en Amparo Penal de esta capital.

 “Si se toman en cuenta las consideraciones plasmadas en la sentencia recurrida frente a los motivos que expone la institución ministerial recurrente, estos no son suficientes para revocar la resolución impugnada”, dice el fallo.

Según el tribunal, la Fiscalía simplemente se limitó a señalar que la juez de amparo no estudió correctamente la orden de aprehensión, así como a mencionar algunas pruebas por las que dice se acredita el delito y la responsabilidad penal de los quejosos, sin embargo, no elabora ningún argumento apto para ser considerado.

Esta sentencia implica que ahora el expediente vuelva al Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, para que decida con libertad de jurisdicción si ordena o no las aprehensiones, pero esta vez analizando si existen pruebas del ilícito y la probable responsabilidad de los imputados.

En agosto pasado, la Policía Federal Ministerial trató de ejecutarles esta orden de aprehensión a Rosalía Abarca y su esposo en las calles de Iguala, sin embargo, familiares y amigos les impidieron privarlos de la libertad.

El 6 de octubre de 2017 el juzgado de Toluca ordenó las aprehensiones de la pareja, así como de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

La FGR incluye en su acusación seis testimonios, uno de los cuales señala que la hermana de Abarca y su marido eran una maestra y un comerciante de posición económica modesta que, de la noche a la mañana, se hicieron millonarios.

De vivir en la Colonia Centro de Iguala pasaron a ser dueños del colegio privado Centro de Estudios Benemérito de las Américas, Asociación Civil, así como de casas, departamentos, negocios de farmacias, joyerías, el condominio Tamarindos, un estacionamiento y propiedades en Chilpancingo y Taxco.

 “Los tenían porque eran prestanombres y controlaban productos y actividades relacionados con los Beltrán Leyva y después con los Guerreros Unidos, … se dedicaban a amenazar a la gente para que no denunciaran”, dice uno de los testimonios.

Según el oficio PGR/UEAF/DGAF/371/2016, en 2011 la pareja adquirió dos inmuebles con valor de 749 mil 88 pesos; del 2006 al 2014, compraron otros 24 por un monto de 6 millones 528 mil 976.91 pesos, y 5 inmuebles por 1 millón 52 mil 814 pesos.

Los 31 inmuebles tienen un valor total de 8 millones 330 mil 878.91 pesos, aunque el precio corresponde al registrado en el catastro, por lo general menor al comercial.

Según la FGR no existe registro de que haya reportado estas operaciones de compra venta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pese a que los últimos cinco fueron pagados con depósitos bancarios.

Según el SAT, el importe del Impuesto Sobre la Renta no pagado al fisco federal por el ejercicio de 2012 asciende a la cantidad de 2 millones 798 mil 305.53 pesos.

La investigación también detectó que de 2009 a 2014, uno de los acusados registró movimientos bancarios por 19 millones 145 mil 635 pesos con cuatro empresas, una de ellas denominada Novedades y Diseño Pondero S.A. de C.V..