Ciudad de México.- Un tribunal federal ordenó a una juez llevar a cabo una nueva audiencia para resolver si uno de los ex subordinados de Silvano Aureoles, ex Gobernador perredista de Michoacán, debe o no continuar en prisión su proceso por unos contratos que ocasionaron un presunto daño al erario de más de 3 mil 412 millones de pesos.

Por unanimidad de votos, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México concedió el amparo a Mario Delgado Murillo, ex delegado Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, para que de nueva cuenta le determinen la medida cautelar.

Los magistrados del tribunal consideraron que la prisión preventiva justificada que el 7 de marzo de 2025 le impuso Patricia Sánchez Nava, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, viola los principios de fundamentación, motivación y seguridad jurídica.

A propuesta del magistrado de elección popular Eduardo Sebastián Moscoso López, sus colegas apoyaron su proyecto de sentencia porque estimaron que la prisión preventiva no fue dictada por la juez con base en los argumentos expuestos en audiencia.

Durante la sesión del pleno del pasado viernes, el magistrado Rogelio Alanís García expuso que la juzgadora fue incongruente para justificar dicha medida cautelar.

Indicó que, con el criterio de la juez, a todas las personas les pueden imponer la prisión preventiva justificada, porque da lo mismo si el procesado tiene o no pasaporte, argumento que en su opinión no es admisible.

Delgado fue detenido el 1 de marzo del año pasado en Michoacán y desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Oriente. El mismo día fueron detenidos otros tres ex funcionarios implicados en la misma causa judicial.

El día 7 del mismo mes la juez Sánchez Nava los procesó por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero. También les confirmó la prisión preventiva justificada.

Los ex colaboradores de Aureoles fueron procesados porque, en 2016, presuntamente contrataron de forma ilegal el arrendamiento y adquisición de 7 cuarteles de seguridad pública por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.

Estas estaciones de la policía se desarrollaron en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Los contratos fueron adjudicados en forma directa a la empresa Inmobiliaria DYF, S.A. de C.V.

La juez Sánchez Nava consideró que existen datos para suponer que el Gobierno estatal pagó cada uno de los cuarteles con sobreprecios, además de que los terrenos en que fueron construidos los cuarteles no eran propiedad de la empresa proveedora cuando recibió los contratos.

Delgado presentó un amparo contra la prisión preventiva, pero le fue negado por Viridiana Berenice Quiroz Ángel, Juez Noveno de Distrito en Materia Penal. El procesado impugnó el fallo y logró que el tribunal colegiado lo revocara y ordenara reponer el procedimiento.

Ahora estará a la espera de que le fijen nueva fecha de audiencia para que la juez de control determine si lo excarcela o no, únicamente con base en los datos de prueba que le expusieron en la audiencia de vinculación a proceso.