Chilapa de Álvarez.- Organizaciones civiles, colectivos de víctimas y comunidades indígenas emitieron un pronunciamiento urgente para denunciar la crisis humanitaria provocada por el desplazamiento forzado en la Montaña Baja de Guerrero, particularmente en comunidades nahuas del municipio de Chilapa de Álvarez.

En el documento, el Colectivo de Víctimas de Desplazamiento Forzado y organizaciones acompañantes acusaron al Estado mexicano de actuar con omisión, negligencia e inacción frente a los ataques de grupos del crimen organizado registrados desde el 9 de mayo.

Los firmantes alertaron sobre el uso de armamento de alto poder y drones con artefactos explosivos en comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, situación que, señalaron, ha provocado una escalada de violencia y el abandono masivo de viviendas.

“Las familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares, dejando atrás cosechas, animales y patrimonio construido durante generaciones”, señala el pronunciamiento.

Las organizaciones denunciaron que muchas viviendas han sido saqueadas o destruidas por incendios y explosivos, mientras que animales de corral y reservas alimentarias quedaron abandonados o fueron robados por grupos criminales.

Además, advirtieron que el desplazamiento forzado está generando un “etnocidio silencioso” al afectar el tejido comunitario, la cultura y las formas de subsistencia de los pueblos originarios.

Los colectivos criticaron que la respuesta oficial se haya limitado a operativos temporales del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, sin estrategias integrales de reconstrucción social ni garantías permanentes de seguridad.

“Predominan acciones tardías y fragmentadas que no permiten a las familias recuperar sus proyectos de vida”, expusieron.

En el documento también se destacó que el fenómeno del desplazamiento forzado se ha extendido en distintas regiones del país desde hace años, y que Guerrero enfrenta ahora escenarios similares a los ocurridos anteriormente en estados como Michoacán, Chiapas, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

¿Cuáles son las peticiones ante el desplazamiento forzado?

Entre las exigencias dirigidas a los tres órdenes de gobierno se encuentran:

Garantías permanentes de seguridad en las comunidades afectadas.

Atención humanitaria inmediata con enfoque de género y respeto cultural.

Acceso a programas de atención a víctimas sin necesidad de presentar denuncia penal.

Instalación de una mesa interinstitucional encabezada por la Secretaría de Gobernación.

Atención psicológica y protocolos especializados para las familias desplazadas.

Diseño de mecanismos seguros para el eventual retorno de las comunidades.

Impulso de una Ley General contra el Desplazamiento Forzado Interno en México.

El pronunciamiento fue respaldado por organizaciones y colectivos de diversos estados del país, entre ellos Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo y Ciudad de México, así como organismos defensores de derechos humanos.

Sin cifra exacta de personas desplazadas en pueblos de Chilapa

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Cecilia Narcoso Gaytán, reconoció que hasta el momento no cuenta con un dato certero sobre la cantidad de familias que permanecen desplazadas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.

En la capital de Guerrero, la presidenta de la CDHEG comentó que desde que se tuvo la oportunidad de pasar hacia las comunidades afectadas por la violencia registrada del 6 al 11 de mayo, el organismo que dirige hizo acto de presencia.

Indicó que se ha dado el acompañamiento correspondiente a las familias afectadas, pero al ser cuestionada sobre la cantidad de familias que ya regresaron a sus pueblos, dijo que es un dato que todavía se está trabajando.

“Estamos trabajando, porque primero algunos se llamaban como desplazadas, pero también algunos ya fueron reincorporados”, anotó.

Recordó que durante los primeros días de la contingencia se habló de alrededor de 90 familias, pero admitió que todavía no tenía una cifra exacta.

“Yo quiero tener una certeza más estadística, para luego compartirla con mucho gusto con ustedes”, indicó.

Dijo además que se está trabajando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que está pendiente del caso. Agregó que en poco tiempo se espera contar con un diagnóstico de lo que sucede en la ruta, para también generar alternativas respecto al trabajo que se debe desarrollar en la zona.