La renuncia forzada del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, genera una inmensidad de especulaciones sobre sus verdaderas causas. Más allá de las versiones oficiales que aluden a motivos de salud, todo apunta a una represalia directa del expresidente Andrés Manuel López Obrador y no al despido por su ineficiencia, que desde hace tiempo debió realizar la titular del Ejecutivo. Lo anterior, ante la serie de filtraciones incómodas que, diariamente, ponían en riesgo la estabilidad y la imagen de los amigos más cercanos de López Obrador.

Y es que, aunque la gestión de Gertz Manero, siempre estuvo marcada por la polémica, la ineficiencia y una notoria inclinación por la persecución de enemigos personales; siempre fue un aliado incondicional del expresidente, lo que le sirvió para mantener el puesto transexenal, pero luego, su posición se tornó insostenible cuando surgieron los audios y documentos que revelaban presiones indebidas, conflictos de interés y, lo más crucial, que exponían las debilidades y los entresijos de la impunidad que, paradójicamente, el régimen que impuso López Obrador, había prometido erradicar. Estas filtraciones, atribuidas por fuentes internas a su propio equipo o a sectores dentro de la FGR que buscaban desestabilizarlo, o quizá a las órdenes directas de la Presidenta, sin duda fueron percibidas por el exhabitante de Palacio Nacional no sólo como un acto de traición, sino como una amenaza directa a la narrativa de pulcritud y honestidad que él solo se atribuía.

Otra posibilidad del quiebre definitivo pudo haberse dado en la confluencia de dos factores: la falta de resultados en investigaciones de alto perfil que realmente afectaran a los adversarios políticos del régimen, y la incapacidad de contener la información sensible que comprometía a los “protegidos” del expresidente. Bajo la dirección de Gertz, la Fiscalía funcionó más como un instrumento de presión selectiva que como una institución autónoma de justicia. Cuando ese instrumento comenzó a tener fugas que salpicaban a los propios, su utilidad se agotó.

Para mí, la expulsión del fiscal, es una declaración de fuerza de López Obrador. Es un mensaje claro a toda la burocracia y a la clase política: la lealtad debe ser absoluta y quien no se alinea con la agenda, o peor aún, quien se convierte en un riesgo de seguridad de los secretos del Estado, será removido sin contemplaciones. La rapidez y el hermetismo con que se manejó su reemplazo subraya la urgencia de retomar el control de una Fiscalía General que, en manos de Gertz, se había vuelto una bomba de tiempo.

Así pues, cualquiera que haya sido la causa, la verdadera tragedia en este episodio no es la caída de un personaje cuestionable, sino la confirmación del uso político de la justicia. La renuncia forzada de Gertz Manero no es un triunfo de la legalidad ni un avance en la lucha contra la corrupción o la ineficiencia; es, en esencia, un movimiento estratégico para tapar agujeros y garantizar la protección del círculo íntimo del poder. El costo de esta purga, es alto: erosiona aún más la ya frágil credibilidad de las instituciones de procuración de justicia y refuerza la percepción de que en México la ley se aplica según las filias y fobias de quien mueve los hilos del poder. Es, sin duda, un ajuste de cuentas, pero uno que deja a la impunidad como la verdadera ganadora.