Ciudad de México.- Aeroméxico informó este jueves que acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le otorga la razón a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) respecto a la multa por 88 millones de pesos que le impuso a la empresa por incurrir en prácticas monopólicas absolutas, aunque reiteró sus diferencias con los métodos utilizados para sancionar hechos que “presuntamente” ocurrieron hace 17 años.

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Aeroméxico no coincide con los criterios ni metodología de la Cofece para llegar a dichas conclusiones sobre supuestas prácticas de mercado de hace casi dos décadas. Sin embargo, Aeroméxico es respetuoso del estado de derecho y acatará las resoluciones de las autoridades judiciales”, precisó en un comunicado.

Además, la aerolínea reiteró su compromiso con clientes, inversionistas y aliados estratégicos, reafirmando su respeto absoluto al libre mercado, la libre concurrencia y la legislación en materia de competencia económica.

La multa referida, con fecha de marzo del 2019, a Aeroméxico y Mexicana de Aviación, así como a tres personas físicas, por haber fijado los precios que cobrarían a los usuarios del servicio de transporte aéreo en rutas específicas en el territorio nacional de abril del 2008 a febrero del 2010, fue de 86 millones 190 mil pesos (el monto actual referido por la Cofece son 88 millones de pesos). Presuntamente resultaron afectados 3 millones de pasajeros.

En su momento, la Comisión identificó al menos 112 rutas implicadas en la conducta referida, entre ellas León-Tijuana, México-Tijuana, Puebla-Monterrey, Ciudad de México-Cancún, Guadalajara-Puerto Vallarta, México-Acapulco, México-Mérida, México-Los Cabos, México-Monterrey y México-Guadalajara.

Luego de conocerse la resolución judicial este miércoles, la Cofece manifestó su satisfacción y refirió en un comunicado que “la decisión de la SCJN sirve como precedente para que los acuerdos ilegales entre competidores para manipular precios en perjuicio de la población no queden impunes. Uno de los ejes fundamentales de una política de competencia robusta es investigar y sancionar este tipo de acuerdos, lo que contribuye a que contemos con mercados competitivos para generar una economía más justa e incluyente.

La Segunda Sala de la Corte validó el miércoles 12 de febrero, “la constitucionalidad de las actuaciones de Cofece y confirmó que, en efecto, esta clase de información no se encuentra amparada por la protección a comunicaciones privadas y puede ser utilizada por el Estado para investigar y sancionar conductas monopólicas que afectan a los consumidores mexicanos”.