Washington.- Un documento judicial difundido este martes por la ONG Democracy Forward confirma que el Gobierno de Estados Unidos pagó 4,76 millones de dólares (4,06 millones de euros) a El Salvador para “cubrir los costes” relacionados con la detención en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua deportados desde el país norteamericano.

“El Gobierno de Estados Unidos (…) por la presente proporciona la suma de 4.760.000 dólares (4.060.000 euros) mediante este acuerdo de subvención para las necesidades de aplicación de la ley y lucha contra la delincuencia de El Salvador, que podrían incluir los costes asociados a la detención de miembros de la organización terrorista extranjera Tren de Aragua, a quienes El Salvador aceptó de Estados Unidos“, reza el documento, una carta enviada “en nombre de Estados Unidos” y cuya firma ha sido cubierta en la versión difundida por la organización estadounidense.

La misiva, con fecha del 22 de marzo de 2025, afirma que el Gobierno de El Salvador “comunicó su disposición a aceptar y albergar a aproximadamente 300 miembros del Tren de Aragua deportados por hasta un año o hasta que se tome una decisión sobre su destino”.

El pago de más de 4 millones de euros correspondía a “los costes asociados con la detención de los 238 miembros del Tren de Aragua deportados recientemente a El Salvador“, además de “proporcionar fondos para que las agencias policiales y penitenciarias salvadoreñas los utilicen para cubrir sus necesidades de seguridad pública“.

La carta señala que el Gobierno de El Salvador “no transferirá ninguna parte de los fondos proporcionados bajo esta subvención a terceros ni los utilizará para ningún otro propósito”, e impide también que se empleen “para proporcionar recursos o apoyo a personas y organizaciones” clasificadas como “extranjeras, funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúen en nombre de dichos funcionarios” considerados por Washington como “responsables o cómplices” de corrupción.

Asimismo, prevé que el Gobierno de Nayib Bukele proporcione, “dentro de los seis meses posteriores al final de cada año, un informe completo de la actividad financiera relacionada con la financiación proporcionada a través de este acuerdo”, además de otros informes adicionales sobre la actividad financiera “según lo solicite Estados Unidos”.

El acuerdo, según el escrito, se realizó a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, que “no asume responsabilidad alguna por reclamaciones de terceros por daños y perjuicios derivadas de esta subvención”.

La carta ha emergido en el marco de un caso judicial en un tribunal federal de Columbia, donde el Departamento de Estado ha sido demandado por la Fundación RFK Human Rights, a la que se ha sumado Democracy Forward.

“Después de que la Administración Trump-Vance insistiera en que los términos de su acuerdo con El Salvador para facilitar la desaparición de personas del territorio estadounidense se mantuvieran en secreto y fuera del alcance del público, nuestro equipo consiguió que se hiciera público”, subrayó la presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, Skye Perryman, en un comunicado.

Perryman lamentó que el documento “confirma lo que sospechábamos desde hace tiempo: la Administración Trump-Vance no hizo nada para garantizar de manera significativa que las personas desaparecidas de Estados Unidos y trasladadas a la famosa prisión CECOT de El Salvador estuvieran protegidas contra la tortura, el confinamiento indefinido u otros abusos”.

“Sin embargo, el acuerdo hizo todo lo posible por garantizar que los fondos que Estados Unidos proporcionaba a El Salvador no se utilizaran para prestar asistencia sanitaria reproductiva ni para ayudar a los solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoramiento”, denunció.

Distintas organizaciones de derechos civiles han cuestionado los vuelos de deportación impulsados por Trump, al alegar que el proceso no permite audiencias, lo que podría implicar expulsiones de ciudadanos venezolanos sin demostrar conexión alguna con el Tren de Aragua.