Ciudad de México.- El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, demandó la separación de Marina del Pilar Ávila de la gubernatura de Baja California, en tanto se aclaran las causas por las que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa y los bancos Wells Fargo y Bank of America cancelaron sus cuentas en San Diego.

“ Se tiene que separar del cargo en tanto se aclaran los motivos por los cuales a ella y a su esposo les han quitado la visa; no es un tema menor que no haya podido desmentir que se le han congelado cuentas en Wells Fargo y en Bank of America, y eso ya no es un tema netamente administrativo, sino tiene implicaciones de otra naturaleza”, advirtió el legislador.

Sostuvo que no es momento de mantener a Ávila al frente del estado fronterizo cuando ya está “en la mira” del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntas imputaciones de lavado de dinero.

Döring recomendó a la gobernadora aprovechar el tiempo de su eventual separación para aclarar los señalamientos en su contra y, si logra solventarlos ante las autoridades norteamericanas, que regrese al cargo, pero si no es así, deje el lugar a quien no tenga “la sombra de la sospecha”.

Por separado, el diputado panista Daniel Chimal señaló que “si la gobernadora no debe nada, que se separe del cargo hasta que se aclare su situación”.

Cuestionó el hecho de que otros gobernadores y funcionarios de Morena se escuden en el fuero y en los cargos políticos para protegerse de investigaciones que las autoridades sobre de ellos, en lugar de dar la cara y retirarse del cargo.

La también vicecoordinadora de Acción Nacional en el Palacio de San Lázaro, Noemí Luna, emplazó a su vez al gobierno federal y a Morena a explicar el caso de la revocación de la visa estadunidense a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, así como la cancelación de sus cuentas bancarias en la Unión Americana.

“ No estamos hablando de rumores en redes. Estamos hablando de acciones concretas de instituciones financieras internacionales que, al detectar operaciones sospechosas, actuaron. ¿Y qué ha dicho el gobierno? ¿Qué ha dicho formalmente Morena? Silencio. ¿Pues no son ellos mismos los que dicen ser los pioneros de la austeridad y la transparencia?”, cuestionó.

Exigen transparencia en caso

Asimismo, Acción Nacional en el Senado pidió “transparencia” en el caso de la gobernadora de Baja California. En rueda de prensa, Ricardo Anaya, coordinador del grupo parlamentario del partido blanquiazul, dijo que sobre este tema tenía dos exigencias puntuales:

“ Se ha especulado que tiene que ver con una complicidad con el crimen organizado, particularmente en temas de huachicol fiscal. Exigimos transparencia, queremos saber si la razón por la que se retiró esa visa tiene que ver con que estaban lavando dinero del crimen organizado, concretamente relacionado con el huachicol fiscal. Se tiene que transparentar y ésa es nuestra primera exigencia”, señaló.

Y la segunda exigencia, dijo, “es para el gobierno. Que el gobierno rompa ya el pacto de impunidad. Es un secreto a voces que muchas y muchos servidores públicos, de muy alto rango, están vinculados con el crimen organizado. ¿Por qué nos tenemos que venir a enterar cuando nos lo dice otra nación, en este caso Estados Unidos?”, cuestionó.

Insistió en que el gobierno federal “procese a aquellos servidores públicos de alto nivel, incluyendo gobernadoras y gobernadores, donde haya evidencia de que están vinculados con el crimen organizado”.

Por otra parte, la senadora del PAN, Susana Zatarain García, consideró que la inseguridad en México “nos están llevando a una profunda descomposición del Estado de Derecho, lo que provocará a la larga el colapso de las pocas instituciones que quedan y la pérdida de inversiones a nivel nacional”.

La senadora por Baja California Sur alertó que la inseguridad, las confrontaciones entre cárteles, los bloqueos en carreteras por el crimen, el asesinato de candidatos o excandidatos y los servidores públicos de Morena con algún nexo criminal están imparables.

“ Es preocupante ver la cantidad de funcionarios o servidores públicos de Morena vinculados con presuntos actos criminales, ya sean relacionados con el narcotráfico o corrupción”, subrayó.

Información de Milenio.