Ciudad de México.- Un tribunal de Paraguay condenó a 27 años de prisión a un pastor evangélico acusado de abusar de 10 niñas de la comunidad indígena aché, en el departamento de Alto Paraná, al sur del país. La decisión de un Tribunal de Sentencia de Ciudad del Este, la capital de ese departamento, fue anunciada el viernes por la noche y recogida este sábado por medios locales.

Según el Ministerio Público, el acusado, identificado como Ramón Denis Torres, ya había sido condenado a 4 años y 8 meses de prisión por abuso sexual en niños. La Fiscalía detalló que las agresiones sexuales a las niñas comenzaron en octubre de 2019.

La dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público advirtió que en este caso se verificó la “triple vulnerabilidad” de las víctimas, como mujeres, niñas e indígenas. Además, las afectadas refirieron durante el alegato final que sufrieron “consecuencias físicas y psicológicas sumamente graves”, detalló una nota difundida por la Fiscalía en sus redes sociales.

Los fiscales José Silguero y Vivían Coronel obtuvieron la condena de 27 años de cárcel para el pastor el evangélico Inocencio Ramón Denis Torres como autor del abuso de diez niñas de una comunidad indígena. La sentencia, fue celebrada por los miembros de la colectividad pic.twitter.com/TxSWZmTOXV

— Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) May 14, 2022

En declaraciones al noticiero del canal Telefuturo, el fiscal José Silguero destacó que el tribunal concedió “de manera favorable la solicitud del Ministerio Público”. Indicó que, en atención a las pruebas presentadas, “se ha podido demostrar la existencia y la comisión” del hecho punible de abuso sexual a diez niñas de esa etnia indígena.

Por fin una condena ejemplar de 27 años al abusador de 10 niñas indígenas, el pastor Inocencio Ramón Denis Torres, lobos disfrazados de corderos. Bien por la justicia, los abogados y la Organización PAS.@monges_alice @nanduti pic.twitter.com/AW1GGWyGLs

— Anibal Emery (@anibalemery) May 14, 2022

El pasado 9 de mayo, el defensor del pueblo de Paraguay, Miguel Godoy, advirtió sobre el riesgo de que el proceso prescribiera, al denunciar que una audiencia oral y pública como parte del proceso había sido suspendida en siete ocasiones. El funcionario explicó entonces que el caso data de hace dos años e involucra a menores de entre 8 y 12 años de edad.