Ciudad de México.-El mayor caso de huachicol fiscal por buques que haya atacado la FGR está a punto de caerse por un trámite burocrático.

Siete años después de cometido el delito, la Suprema Corte ya intervino luego de que un tribunal resolvió que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), creada en el sexenio de AMLO, y no el SAT, era la dependencia que debió denunciar penalmente a quienes importaron ilegalmente diésel por el puerto de Tuxpan.

Desde 2020, la FGR descubrió esta red que, entre octubre y diciembre de 2019, importó al menos 89 millones de litros de diésel, lo que provocó daño de 593 millones de pesos por impuestos no pagados.

En dicha red, según sentencias judiciales consultadas por REFORMA, participaron la empresa de logística naviera Navecopa, las firmas de hidrocarburos Dersa Oil & Gas e Impulsora de Productos Sustentables (Iprosu) y la agente aduanal Patricia Guerra Miranda.

Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por contrabando por estos tres cargamentos, pero dichos autos fueron revocados por el tribunal colegiado de apelación en Veracruz. Según los alegatos, el problema fue el desorden que prevaleció cuando López Obrador creó la ANAM por decreto, pero el Congreso nunca reformó la Ley del SAT.

Por ello, el SAT conserva en el papel funciones de denuncia de delitos en aduanas, que ya fueron asignadas a la ANAM por el Ejecutivo. La Corte atrajo el caso para aclarar el punto, pero si falla contra el SAT, los acusados quedarán absueltos.

La FGR abrió las carpetas de investigación en 2020, pero las judicializó hasta 2023 y 2024, y solo acusó por una modalidad de contrabando que no amerita prisión preventiva oficiosa, no por delincuencia organizada u otros delitos graves.

Lo anterior, pese a que este caso supera los 166 millones de pesos imputados a la presunta red de huachicol fiscal del ex Gobernador Ernesto Ruffo, o los 340 millones que habría perdido el SAT por el contrabando de la organización que supuestamente lideraban los hermanos Farías.

Los acusados

El grupo de Tuxpan introdujo diésel en tres cargamentos.

En el buque Akeraios llegaron 28.7 millones de litros, pero solo fueron declarados 2.8 millones, con daño fiscal de 205.3 millones de pesos. La FGR acusó a Adrián Esteban Hernández Cristóbal, apoderado legal de Navecopa, y Mario Guijarro Tamayo, administrador de Dersa Oil & Gas.

En el buque Atlantic Bay también arribaron 28.7 millones de litros, pero solo se reconocieron 7.1 millones, omitiendo impuestos por 173 millones de pesos. Edgar Marín Meza, presidente de Iprosu, fue imputado por este cargamento.

Otro buque, cuyo nombre fue censurado en la sentencia consultada por Reforma, importó 31.8 millones de litros, pero solo declaró 4.7 millones, con daño fiscal de 215 millones de pesos.

En este caso, fue imputada la agente aduanal Guerra Miranda, que al igual que Navecopa, participó en al menos dos cargamentos. Navecopa era la consignataria de los buques, encargada de trámites para su llegada, estadía y salida del puerto.