Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que presentó una denuncia formal ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra su empleada Virginia Guillén Ávalos, a fin de que se investigue su situación patrimonial y se determinen posibles responsabilidades.

La trabajadora, con cargo de auxiliar técnico B en Pemex Exploración y Producción (PEP), percibe un salario neto mensual de poco más de 38 mil pesos. Sin embargo, su nombre cobró relevancia tras la organización de una fiesta de XV años de alto lujo para su hija, cuyo costo —según estimaciones extraoficiales— rondaría los 40 millones de pesos.

El caso se amplificó luego de que el diario El Universal revelara que Guillén Ávalos habría adquirido casas, terrenos y un vehículo BMW con pagos de contado, sin detallar el destino de esos bienes en su más reciente declaración patrimonial.

Además, se informó que es esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario de Tabasco y contratista vinculado a Pemex. La celebración, realizada en marzo pasado, contó con la conducción de Galilea Montijo y la participación de artistas como Belinda y J Balvin, lo que evidenció el nivel de gasto del evento.

De acuerdo con registros oficiales de la plataforma Nómina Transparente, la empleada reportó ingresos anuales por alrededor de 581 mil pesos y declaró no contar con ingresos adicionales ni instrumentos financieros como cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

No obstante, en declaraciones patrimoniales previas, particularmente la de 2021, sí reportó la propiedad de diversos bienes inmuebles y un automóvil de lujo adquirido de contado, entre ellos:

• Casas y terrenos comprados entre 2008 y 2018
• Un BMW con valor cercano a 830 mil pesos
• Propiedades adquiridas tanto por crédito como en pagos directos

En su última declaración, omitió precisar si dichos bienes fueron vendidos, arrendados o cedidos, como lo exige la normativa vigente para servidores públicos.

La Secretaría Anticorrupción establece que cualquier modificación en el patrimonio —incluida la enajenación de bienes— debe ser reportada de forma obligatoria, lo que ahora forma parte central de la investigación.

El caso ha puesto bajo la lupa posibles inconsistencias patrimoniales y abrió un proceso que podría derivar en sanciones administrativas o legales, mientras avanzan las indagatorias.